El proceso de elección de magistrados para la Corte de Apelaciones está profundamente manchado por la inclusión de personajes con serios señalamientos de corrupción. A medida que la Comisión de Postulación avanza en la etapa final, se han revelado las calificaciones de los aspirantes para las magistraturas de Sala, y varios de los nombres más controversiales no solo han logrado pasar la evaluación, sino que han obtenido notas sobresalientes, abriendo el camino para su posible inclusión en la nómina final que se enviará al Congreso.
Entre los aspirantes con altos puntajes figuran nombres que llevan años siendo sinónimo de corrupción en Guatemala, como Rafael Curruchiche, Mynor Moto, Geisler Pérez, Jimi Bremer y Dimas Jiménez. Cada uno de ellos ha estado vinculado a acciones que socavan la justicia y la transparencia en el país.
Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha sido señalado por utilizar su posición para proteger a actores corruptos, mientras que Moto ha enfrentado sanciones y procesos judiciales por su complicidad en casos de corrupción. Que estos personajes sigan siendo considerados para cargos tan importantes como el de magistrado de Sala, es una prueba del deterioro del sistema judicial.
Mayoría de aspirantes a magistraturas de Sala avanzan
A pesar de los señalamientos, la Comisión de Postulación decidió mantener el punteo de 64 puntos como mínimo, permitiendo que la mayoría de los aspirantes, incluidos aquellos con serios cuestionamientos, continuaran en la contienda.
El hecho de que más de 700 candidatos obtuvieran calificaciones entre 80 y 100 puntos demuestra la flexibilidad y falta de rigor con la que se evaluaron los expedientes. No se trata de meros tecnicismos o de puntajes inflados, sino de un sistema que parece diseñado para favorecer a aquellos que ya tienen poder y que buscan perpetuarlo a través de un proceso que debería ser transparente y justo.
Mientras personajes cuestionados avanzan en las magistraturas de Sala, figuras como la fiscal Cinthia Monterroso quedaron fuera del proceso al no alcanzar la calificación mínima. Aunque en otros contextos esta podría ser una buena noticia, la realidad es que su exclusión, por más justa que parezca, no soluciona el problema estructural: decenas de otros aspirantes, con perfiles igualmente comprometidos, continúan en la carrera.
Monterroso, incluida en la Lista Engel por presentar cargos penales sin fundamento contra periodistas, no podrá optar por una magistratura, pero su exclusión parece ser la excepción, no la norma.
Sin señalamientos de corrupción
A su vez, la nómina incluye a magistrados de carrera que han demostrado un compromiso con la justicia y el Estado de derecho, como Pablo Xitumul y Marco Antonio Villeda. Estos jueces, que han enfrentado represalias y criminalización por sus sentencias en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, contrastan fuertemente con el resto de los candidatos. Sin embargo, su presencia en la nómina no es garantía de que el proceso de elección final en el Congreso se guiará por principios éticos y legales.
En juego la credibilidad de la justicia de Guatemala
El sistema de postulación, diseñado para garantizar un proceso imparcial y meritocrático, ha sido pervertido por la influencia de actores que buscan mantener el control sobre las instituciones judiciales. La Comisión de Postulación parece haberse convertido en una herramienta para asegurar la continuidad de estos personajes en el poder. La elección de magistrados, que debería ser un punto de inflexión para restaurar la confianza en el sistema de justicia, está en riesgo de convertirse en otro episodio de impunidad.
Como sociedad, estamos ante un escenario preocupante. La posibilidad de que personas como Curruchiche, Moto o Geisler Pérez ocupen puestos en las magistraturas de Sala pone en juego la credibilidad de la justicia en Guatemala. ¿Cómo podemos confiar en un sistema donde los mismos actores corruptos que han socavado la democracia y el Estado de derecho, ahora se postulan para cargos judiciales? La respuesta es clara: no podemos.
El Congreso tiene una enorme responsabilidad al recibir la nómina final, pero, lamentablemente, la historia nos ha enseñado que, en estos procesos, las decisiones suelen estar guiadas por intereses políticos más que por el bien común. Guatemala necesita jueces comprometidos con la justicia, no con la corrupción. La lista de aspirantes deja claro que estamos lejos de lograr ese ideal.