La lucha contra la corrupción en Guatemala ha sufrido un retroceso alarmante desde que Rafael Curruchiche asumió la dirección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en agosto de 2021. Su gestión ha sido marcada por la desarticulación de investigaciones clave, la persecución de exfiscales, jueces y periodistas comprometidos con la justicia, y un claro giro hacia la protección de estructuras corruptas que durante años habían sido expuestas gracias al trabajo incansable de otros fiscales.
Este cambio en la FECI ha suscitado la preocupación de la comunidad internacional, que ve con inquietud cómo las acciones de Curruchiche están debilitando los avances que Guatemala había logrado en la lucha contra la impunidad.
Opacidad desde la destitución de Sandoval y la salida de CICIG
Bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval, la FECI jugó un papel crucial en la desarticulación de grandes redes corruptas, colaborando estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al mando de Iván Velásquez. Juntos, lograron avances importantes que establecieron precedentes en la justicia guatemalteca y dieron esperanzas a los ciudadanos de que el sistema judicial podría combatir las estructuras de poder que perpetuaban la corrupción.
Sin embargo, con la salida de la CICIG y la destitución de Sandoval en 2021, se dio paso a una nueva era caracterizada por la opacidad y la falta de compromiso con la justicia.
La FECI en declive gracias a Curruchiche
Desde que Curruchiche asumió el control de la FECI, la percepción de la lucha contra la corrupción ha cambiado drásticamente. La desactivación de casos de alto perfil y el creciente número de ataques contra aquellos fiscales y jueces que continúan defendiendo la transparencia han dejado en evidencia las verdaderas intenciones detrás de la dirección de Curruchiche.
En lugar de continuar con las investigaciones que habían dado frutos en el pasado, ha optado por neutralizar a quienes buscan hacer justicia y asegurar que los responsables de la corrupción rindan cuentas. Este giro ha enfurecido a defensores de los derechos humanos, organismos internacionales y ciudadanos que ven con impotencia cómo las instituciones que deberían velar por la legalidad y la equidad en el país, bajo su mandato, parecen haber sido desmanteladas.
La ciudadanía cree que es necesario que Guatemala recupere el compromiso con la justicia y la transparencia, dos principios que fueron protegidos con firmeza durante la gestión de Sandoval y la colaboración con la CICIG. La sociedad guatemalteca merece instituciones fuertes y comprometidas con la legalidad, y es responsabilidad de todos velar por la preservación de estos valores fundamentales.
La situación actual bajo Curruchiche es un claro recordatorio de que la lucha contra la corrupción en Guatemala no solo se enfrenta a enemigos dentro de las estructuras de poder, sino también a aquellos que están encargados de proteger la ley pero que han elegido alinearse con intereses oscuros.