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Curruchiche planea blindarse ante la posible caída de Porras

agosto 20, 2024
Curruchiche planea blindarse ante la posible caída de Porras

Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha generado indignación pública al considerar postularse como magistrado de la Corte de Apelaciones. Lo que hace aún más controversial esta posible postulación es el hecho de que Curruchiche ha sido sancionado por 42 países, incluido Estados Unidos, que lo califica como un actor corrupto y antidemocrático.

Este movimiento despierta fuertes sospechas de que el fiscal anticipa la inminente caída de la fiscal general Consuelo Porras, quien comparte sanciones similares, y ahora busca asegurar la inmunidad que podría protegerlo de enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido en su paso por el Ministerio Público.

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Curruchiche acude al TSE

El reciente acto de Curruchiche, al solicitar documentos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para preparar su expediente de postulación, causó suspicacias. Se especuló que esta visita podría haber sido un nuevo operativo de la fiscalía bajo su mando, pero el fiscal lo negó, alegando que estaba recogiendo información para su expediente en caso de decidir postularse.

Afuera de la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, Curruchiche hizo una declaración que fue recibida con críticas: «Pueden haber personas que, en su particular punto de vista, opinarán que no soy idóneo para el cargo», pero añadió que se apoyaba en la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que establece que los méritos éticos no son ponderables, sugiriendo que, de avanzar su candidatura, no sería evaluado por su historial ético, sino por otros méritos.

Busca blindarse

Este intento de blindarse bajo una posible magistratura de la Corte de Apelaciones podría ser visto como una maniobra desesperada para escapar de las consecuencias de sus acciones. La gestión de Curruchiche en la FECI ha estado marcada por decisiones que han favorecido a actores corruptos y criminales que antes fueron objeto de investigación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

Bajo el mando de Curruchiche, múltiples investigaciones sobre figuras vinculadas a actos de corrupción han sido archivadas o ralentizadas, lo que ha suscitado graves preocupaciones sobre la independencia y transparencia del Ministerio Público.

Uno de los casos más emblemáticos bajo su dirección ha sido el archivo de la investigación contra el expresidente Alejandro Giammattei. Curruchiche, en lugar de continuar las indagaciones, optó por cerrar los casos, lo que favoreció al ahora diputado al Parlacen. Este tipo de acciones ha generado críticas desde diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil que ven en Curruchiche a un operador político al servicio de la corrupción y no a un fiscal comprometido con la justicia. El hecho de que haya sido sancionado por países que promueven el Estado de derecho refuerza esta percepción.

Además, bajo su gestión se ha señalado que ha utilizado la fiscalía como un brazo ejecutor de acciones antidemocráticas, específicamente dirigidas contra el gobierno actual. Sus investigaciones, que deberían ser imparciales, han sido acusadas de estar dirigidas políticamente para desestabilizar al presidente electo y a otras figuras que no están alineadas con su círculo de poder. Esto ha creado un ambiente de temor en Guatemala, donde las acciones judiciales ya no se perciben como un medio para combatir el crimen, sino como un arma política para atacar a los opositores del régimen corrupto que él defiende.

Es relevante destacar que la posibilidad de que Curruchiche llegue a la Corte de Apelaciones podría tener consecuencias nefastas para el sistema judicial del país. Una magistratura no solo le otorgaría inmunidad, sino que también le permitiría influir en decisiones clave que afectarían a todo el sistema de justicia, perpetuando la impunidad para los corruptos. La independencia judicial es un pilar fundamental para cualquier democracia, y la llegada de figuras sancionadas y corruptas a posiciones de poder en las cortes minaría este principio de manera irreparable.