La detención del ex vicealcalde indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, se ha convertido en un retrato nítido de cómo opera un sistema judicial manipulado, excluyente y al servicio de intereses oscuros. Desde hace más de una semana, Toc permanece detenido en la base militar Mariscal Zavala, a más de 100 kilómetros de su hogar, sin que se le haya permitido siquiera rendir su primera declaración, un derecho básico que debió garantizarse en las primeras 24 horas tras su captura.
La razón de este retraso es tan absurda como reveladora: el juez de turno Mario Solórzano suspendió la audiencia porque Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo y parte acusadora en este proceso, no se presentó. Es decir, la libertad de un líder indígena quedó supeditada al capricho y la conveniencia de un personaje conocido por utilizar el aparato judicial como arma política contra quienes disienten del sistema.
La suspensión no fue el único atropello. El juez decidió además expulsar a la prensa de la sala de audiencias, obedeciendo a la petición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Se trataba de una audiencia pública, pero la publicidad fue cercenada de un plumazo. Lo que debía ser un proceso transparente se transformó en un acto a puerta cerrada, en claro desprecio al principio de publicidad procesal que sostiene el derecho a un juicio justo.
Trato hacia Toc ha sido indigno y discriminatorio
El trato hacia Esteban Toc también ha sido indigno y discriminatorio. En el sótano de la Torre de Tribunales, no fue ingresado en las carceletas. Lo dejaron en una acera, expuesto y vulnerable, bajo el argumento de que era por “seguridad”, ya que en las celdas había integrantes de pandillas.
Cuando finalmente fue trasladado a la audiencia, tuvo que subir las gradas caminando, exhausto y con visibles dificultades debido a su condición de insuficiencia renal crónica. La deshumanización fue evidente: no importó su estado de salud ni el riesgo que corre su vida, porque el objetivo del sistema parece ser quebrarlo física y emocionalmente.
El ex vicealcalde denunció además irregularidades en el tratamiento médico que recibe en prisión, especialmente en la administración de sus sesiones de hemodiálisis. Un derecho básico como la atención en salud se convierte, en este contexto, en un mecanismo de presión y desgaste.
Criminalización de Esteban Toc
La criminalización de Esteban Toc no se entiende sin el trasfondo político. Se le acusa de delitos como sedición y terrorismo, pero lo que está detrás es su papel como autoridad indígena en las movilizaciones masivas de 2023, que resistieron durante más de 100 días hasta la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Su crimen verdadero, a ojos del sistema, fue haber encabezado junto a su comunidad una protesta histórica contra la corrupción y la cooptación judicial.
Lo ocurrido con Toc es un ejemplo más de cómo la justicia en Guatemala se utiliza para perseguir a líderes comunitarios, mientras los corruptos gozan de impunidad. El juez Mario Solórzano y el Ministerio Público, con su complacencia hacia la Fundación contra el Terrorismo, no solo violentan derechos, también perpetúan la persecución contra autoridades indígenas.
El caso de Esteban Toc es un espejo: muestra que la justicia en Guatemala no es ciega, está secuestrada. Y mientras siga en manos de quienes manipulan los procesos a conveniencia, la democracia seguirá siendo un espejismo.