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El caso Odebrecht en Guatemala

enero 20, 2025
El caso Odebrecht en Guatemala

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht salió a la luz el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la compañía había pagado US$788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obras públicas. En Guatemala, los sobornos ascendieron a US$18 millones entre 2013 y 2015, dirigidos a altos funcionarios a cambio de contratos de infraestructura.

En 2011, 108 diputados aprobaron un contrato que otorgó a Odebrecht la ampliación de la Ruta CA-2 Occidente, financiado con préstamos millonarios del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A cambio, los legisladores habrían recibido sobornos junto con otros funcionarios, según revelaron las investigaciones.

El caso alcanzó a figuras políticas prominentes, como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi (2012-2014) y el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quienes jugaron roles clave en la trama de sobornos. Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) expusieron cómo ambos políticos gestionaron y recibieron pagos ilícitos, canalizados mediante una red de sociedades creadas para lavar dinero.

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Las primeras sentencias en el caso Odebrecht

Varios involucrados han sido condenados, entre ellos:

  • Juan Ignacio Florido, colaborador de Sinibaldi, sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero y multado con US$9 millones.
  • Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi, recibió ocho años de cárcel por asociación ilícita y seis años por lavado de dinero.
  • Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, colaborador de Baldizón, fue condenado a penas similares.

Sin embargo, los principales responsables, Sinibaldi y Baldizón, no solo han evitado sentencias firmes, sino que incluso han intentado asumir el rol de querellantes en el caso, en un giro controvertido que pone en duda la credibilidad del sistema judicial.

La desarticulación del caso

La destitución de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, en 2021 marcó un punto de quiebre. Bajo la dirección de Rafael Curruchiche, la FECI anuló en 2022 los acuerdos de colaboración eficaz firmados con los directivos brasileños de Odebrecht, argumentando que estos no se presentaron en Guatemala ni cumplieron prisión en el país. Sin embargo, los implicados ya habían sido juzgados en Brasil bajo el principio de non bis in idem, que impide ser procesado dos veces por los mismos hechos.

Además, la jueza Abelina Cruz cerró el caso a favor de Baldizón y Sinibaldi, ignorando evidencias clave, como un informe financiero de la CICIG que documentaba la creación de sociedades para canalizar los sobornos. Este tipo de decisiones ha generado una narrativa que busca deslegitimar las investigaciones realizadas en conjunto por el Ministerio Público y la CICIG.

La situación actual

El caso Odebrecht en Guatemala enfrenta un panorama desalentador. Mientras algunos colaboradores se han sometido a la ley de aceptación de cargos, las principales figuras implicadas han conseguido que el sistema judicial les favorezca. Sinibaldi y Baldizón, ahora posicionados como «víctimas», intentan redirigir la atención hacia quienes lideraron las investigaciones en su contra, como la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado Iván Velásquez.

La reciente decisión de la jueza Abelina Cruz de devolver Q4 millones a Carlos Batres Gil, otro acusado en el caso, subraya el desmoronamiento de un proceso que en su momento prometió ser un ejemplo de lucha contra la corrupción. Reflexión

El caso Odebrecht, que alguna vez simbolizó los avances en la lucha contra la corrupción en Guatemala, ahora representa la fragilidad del sistema judicial. Las acciones para deslegitimar a los investigadores y beneficiar a los responsables confirman el retroceso en la búsqueda de justicia, dejando en evidencia un sistema donde las conexiones políticas y los intereses personales parecen prevalecer sobre la verdad.