El Ministerio Público (MP) hizo caso omiso al dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que concluye que el binomio presidencial electo, compuesto por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no cometió ningún delito en el caso «Toma USAC: Botín Político». El informe del Inacif destaca la falta de evidencia concreta que sugiera una incitación directa a estudiantes o profesionales por parte de los señalados.
A pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, el MP procedió a presentar una solicitud de antejuicio contra Arévalo, Herrera y otros cuatro diputados. Este actuar levanta serias dudas sobre la legalidad y transparencia de las acciones emprendidas por la Fiscalía.
Violación de inmunidad y acciones cuestionables del MP a pesar del dictamen del Inacif
El peritaje realizado por el Inacif, que circula en redes sociales, revela que el MP solicitó una diligencia de investigación contra el binomio presidencial electo y otros diputados, a pesar de gozar de antejuicio. Esta acción cuestionable viola el derecho legal de inmunidad que ampara a los legisladores electos.
La documentación revela que el 4 de agosto pasado, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación solicitó al Inacif un peritaje lingüístico sobre declaraciones y mensajes escritos en redes sociales relacionados con el movimiento estudiantil en la Universidad de San Carlos (Usac).
Este peritaje se llevó a cabo contra los diputados del Movimiento Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, así como el diputado electo Raúl Barreda y otros legisladores. La acción plantea interrogantes sobre la motivación del MP para buscar criminalizar las declaraciones de apoyo de funcionarios en redes sociales y cuestionar el respaldo al movimiento estudiantil de la Usac.
Persecución del MP contra quienes respaldaron movimiento sancarlista
La Fiscalía de Delitos Patrimoniales realizó 31 allanamientos y 27 órdenes de detención contra estudiantes, decanos, abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que respaldaron el movimiento sancarlista en contra de la elección ilegal de Walter Mazariegos como rector de facto de la Usac.
Las acciones del MP, autorizadas por el juez décimo penal Víctor Cruz, plantean preocupaciones adicionales, ya que el togado enfrenta sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos desde el año 2022, incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Este último desarrollo agrega más preguntas sobre la imparcialidad y la integridad de la justicia en Guatemala, poniendo en tela de juicio la actuación del MP en casos de relevancia nacional. La sociedad exige respuestas y claridad en un momento crucial para la democracia y el Estado de Derecho.