A menos de un año de concluir su mandato como Fiscal General, Consuelo Porras parece tener claras sus prioridades: no son la persecución penal ni el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, sino su seguridad personal y la de su círculo más cercano. El Ministerio Público (MP) busca adquirir dos vehículos blindados de nivel máximo, con especificaciones dignas de un convoy presidencial en tiempos de guerra, y no de una institución que debería velar por la legalidad.
La licitación revela detalles que no dejan lugar a dudas: se trata de camionetas doble cabina, con motor de hasta 4,500 centímetros cúbicos, turbocompresor, frenos especiales, vidrios polarizados y blindaje nivel 7, capaz de resistir calibres de fusil 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm. En otras palabras, un “búnker sobre ruedas”.
El documento de justificación lleva la firma de Antonio Englenton Peña, actual subjefe de seguridad del MP. El mismo funcionario que en 2021 autorizó retirar el esquema de seguridad del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y de su familia, en un claro acto de persecución política. Ahora, ese mismo personaje respalda el derroche millonario en equipo de protección para la fiscal general más cuestionada de los últimos tiempos.
¿Qué teme Porras?
La pregunta es inevitable: ¿qué teme Consuelo Porras? ¿Quiénes son esos “enemigos” contra los que se protege con vehículos de guerra urbana? El historial de su gestión ofrece algunas pistas. Bajo su dirección, el MP no solo ha sido señalado por encubrir a redes corruptas, sino que también ha militarizado sus operaciones con la compra de carabinas, chalecos antibalas y armamento que algunos ya califican como un “mini ejército en el MP”.
La paradoja es brutal. Mientras fiscales, jueces y periodistas independientes han tenido que exiliarse por falta de garantías mínimas de seguridad, Porras blinda su salida con vehículos imposibles de penetrar por balas de fusil. En un país donde la población sobrevive con un transporte público inseguro y sin condiciones dignas, el despilfarro del MP evidencia la desconexión absoluta de la cúpula fiscal con la realidad nacional.
Consuelo Porras no busca fortalecer la institución
Esta compra no es un simple trámite administrativo. Es un reflejo del modelo de justicia que Porras ha consolidado: uno basado en el miedo, el privilegio y la protección personal, en lugar de un verdadero combate contra la impunidad. El blindaje de nivel 7 no solo recubre metal y vidrio, también encierra la incapacidad de enfrentar a la ciudadanía con transparencia.
En los meses que le quedan en el cargo, Porras no busca fortalecer la institución ni reparar el daño causado a la justicia guatemalteca. Busca blindarse —literal y políticamente— para salir indemne. Un último acto de cinismo de quien convirtió al MP en un bastión de la impunidad.