Las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones enfrentan un grave estancamiento, marcado por un intenso conflicto sobre la sede de sus reuniones. Este desacuerdo, que antes no había suscitado controversia, está retrasando significativamente el proceso de elección de las cortes.
En la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la disputa gira en torno a si las sesiones deben realizarse en el Palacio de Justicia o en la Universidad Rafael Landívar.
Los comisionados vinculados a operadores políticos, como Néster Vásquez Pimentel, Estuardo Gálvez, Wilber Castellanos, Sergio Roberto López Villatoro y Gustavo Alejos, prefieren el Palacio de Justicia.
Este grupo, que cuenta con 22 votos, se ha visto debilitado por la pérdida del apoyo de dos comisionados clave: el abogado Wilson López y el decano Mario Raúl García, quienes se han unido al bloque liderado por el rector Miquel Cortés. Este bloque alternativo, compuesto por el rector Cortés, tres abogados apoyados por el gobierno y otros nueve decanos, tiene 15 votos y aboga por la Universidad Rafael Landívar.
Situación similar en la comisión de Salas de Apelaciones
En cuanto a la Comisión de Salas de Apelaciones, la situación es similar. Un grupo, que incluye a la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema y comisionados vinculados a Vásquez, Gálvez, Alejos y López Villatoro, desea que las sesiones se realicen en el Palacio de Justicia. Este grupo tiene 21 votos.
Sin embargo, se ha producido una sorprendente alianza con el bloque encabezado por el rector Raúl Horacio Arévalo, que cuenta con 16 votos y prefiere la sede de la Universidad Rafael Landívar. Entre los miembros de este grupo se encuentran el abogado Julio de León y el decano Mario Raúl García, quienes originalmente se esperaban como aliados del grupo pro Palacio.
La situación se complica con la intervención de los comisionados Horacio Avendaño y Amando Ajín, ambos vinculados a Gustavo Alejos, quienes están ejerciendo una influencia significativa en el proceso. Mientras tanto, los intentos de negociación, como las propuestas de Wilson López y Fernando Sánchez para encontrar un acuerdo intermedio, no han prosperado.
Retraso en el trabajo de las comisiones
La falta de acuerdo sobre la sede está retrasando el trabajo de las comisiones, impidiendo la recepción de expedientes y la realización de actividades fundamentales para la elección de nuevos magistrados para las cortes. La presión de los comisionados, así como la influencia de los grupos vinculados a figuras como Néster Vásquez y Gustavo Alejos, están influyendo negativamente en el proceso. Este estancamiento no solo afecta la eficiencia del proceso de selección, sino que también plantea dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del mismo.
Los expertos advierten sobre el riesgo de incumplimiento de los plazos legales, lo que podría llevar a retrasos en la entrega de las nóminas de candidatos al Congreso y, en consecuencia, a una elección tardía. La presencia de grupos con antecedentes de amaños de Cortes genera aún más incertidumbre sobre la integridad del proceso de selección.
Este bloqueo en las comisiones de postulación pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma en el proceso de elección de magistrados, para asegurar que los intereses políticos no prevalezcan sobre la justicia y la transparencia en el sistema judicial.