En el país ocurren graves violaciones a los derechos humanos al nivel de los que ocurren en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según el informe anual elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión determinó que han ocurrido acciones desde el mismo gobierno para debilitar la independencia judicial que han debilitado la lucha contra la impunidad y propiciado la corrupción.
La CIDH identificó que se ha dado una progresivo “debilitamiento” de la institucionalidad democrática desde el gobierno de Alejandro Giammattei. “Las injerencias sistemáticas contra la independencia judicial, las irregularidades en el proceso de elección a magistrados (de la Corte de Constitucionalidad) además de la criminalización y estigmatización de los jueces” especificó la Corte.
También se ha visto como Consuelo Porras ha utilizado el poder del Ministerio Público (MP) para seguir a fiscales a jueces. En mayo pasado el presidente Giammattei reeligió a Porras por cuatro años más al frente del MP. Sin embargo el proceso fue cuestionado por las amenazas que sufrieron los comisionados y la presión de la Corte de Constitucionalidad.
La designación de Porras despertó la critica de la comunidad internacional debido a que más de 10 fiscales anticorrupción han debido de salir del país ante el acoso de Porras.
Mientras en Guatemala la fiscal Virgnia Laparra lleva más de 100 días en prisión en condiciones de tortura. Ella fue presionada a declarar contra excompañeros y como no lo hizo, fue criminalizada por cumplir su trabajo al denunciar a un juez y un abogado cercano al presidente.
IA2021cap4B.Guatemala-eshttps://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap4B.Guatemala-es.pdf