La Corte Constitucional (CC), bajo la dirección del magistrado Néster Vásquez, vuelve ha estar en el centro de la polémica, esta vez por un amparo provisional otorgado al ciudadano ruso Igor Bitkov, quien fue condenado en 2018 a siete años de prisión inconmutables por el uso de documentos falsificados.
El amparo, que suspende de manera temporal el cumplimiento de la sentencia, marca un nuevo capítulo en la serie de decisiones de la CC que favorecen a los miembros de la familia Bitkov, una familia involucrada en un escandaloso caso de falsificación de documentos que ha afectado la integridad de las instituciones guatemaltecas.
En un fallo que sorprende por su poca coherencia con el principio de justicia, la CC detiene el cumplimiento de la condena de Igor Bitkov, a pesar de que la Sala de Mayor Riesgo y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ya habían ratificado la pena impuesta por el tribunal.
Impunidad de de los Bitkov
Este es solo uno de los varios fallos que parecen garantizar la impunidad de los Bitkov, un clan que, junto a otros 40 involucrados, utilizó una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca para obtener documentos de identidad fraudulentos, como parte del denominado “Caso Migración”.
La decisión de la CC se suma a otro fallo de gran controversia: el 23 de enero de 2025, los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la influencia de la Corte Constitucional, anularon las condenas impuestas a Anastasia e Irina Bitkova, esposa e hija de Igor, respectivamente.
A pesar de que las sentencias fueron previamente analizadas y confirmadas por un tribunal competente, la CC intervino nuevamente, forzando a los jueces a dictar un nuevo fallo que benefició a las rusas. Esta intervención judicial cuestiona gravemente la independencia de los tribunales y plantea serias dudas sobre la justicia en Guatemala.
Investigación contra los Bitkov
En 2009, Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia llegaron a Guatemala, donde adquirieron documentos falsificados que los presentaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa. Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), estos documentos fueron obtenidos a través de una red de falsificación dentro de la entidad migratoria guatemalteca, lo que les permitió obtener una cédula de vecindad falsa y otras identificaciones. El caso, conocido como el “Caso Migración”, involucró a más de 40 personas y fue investigado en conjunto por la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG, que jugó un papel crucial en la investigación, ayudó a desmantelar la red de falsificación de documentos, que permitía a personas obtener identidades falsas a través de registros oficiales manipulados. En el caso de los Bitkov, tras ingresar legalmente al país, Igor compró documentación falsa para él y su familia, incluyendo cambios de nombre para él y su esposa, mientras que su hija mantuvo su identidad original. Además, Bitkov utilizó documentos falsificados para constituir una empresa y obtener otros servicios legales, como la licencia de conducir.
La investigación de la FECI, respaldada por la CICIG, reveló cómo Bitkov usurpó la identidad de una persona para obtener su cédula de vecindad y otros documentos oficiales. El ciudadano ruso utilizó estas identidades falsas durante años, lo que le permitió operar en Guatemala con total impunidad. A pesar de los esfuerzos para obtener un pasaporte guatemalteco, las autoridades descubrieron las irregularidades en los documentos, lo que llevó a su procesamiento y condena en diciembre de 2018.
El amparo provisional otorgado por la CC a favor de Bitkov es un golpe directo a la justicia. En lugar de garantizar que un condenado por un crimen grave cumpla con su pena, la Corte opta por favorecerlo y prolongar su impunidad. Esta decisión no solo retrasa el proceso judicial, sino que también envía un mensaje claro de que aquellos con influencias pueden eludir las consecuencias de sus actos, incluso después de haber sido condenados por la justicia.