La resolución del juez Delmar González, quien sustituyó a Marco Antonio Villeda en el Juzgado de Extinción de Dominio, ha suscitado una ola de críticas y cuestionamientos en el ámbito judicial. González decidió declarar sin lugar la petición para extinguir el apartamento del exmagistrado Eddy Orellana, vinculado al escandaloso caso Comisiones Paralelas. Esta decisión pone en entredicho la imparcialidad y efectividad de la justicia en Guatemala.
El caso Comisiones Paralelas, destapado en febrero de 2018 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), reveló una red de corrupción que operaba a espaldas de las Comisiones de Postulación. Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, fue identificado como el cerebro detrás de la estrategia para manipular el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, involucrando a diputados y comisionados.
Eddy Orellana recibió el apartamento como soborno
En el marco de esta investigación, Orellana, quien en ese momento era magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, fue señalado por recibir un apartamento en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala como parte de un esquema de corrupción. Según las denuncias, este apartamento habría sido financiado con pagos provenientes de López Villatoro, lo que desató la petición para su extinción de dominio.
Sin embargo, el juez González argumentó que no se encontraron suficientes elementos para probar que el apartamento fue adquirido de manera irregular. Esta decisión es particularmente polémica, dado el contexto de corrupción y las pruebas acumuladas por la Cicig y la Feci. La resolución del juez parece ignorar el peso de las investigaciones previas y las conexiones documentadas entre Orellana y el caso de corrupción.
Orellana, quien al finalizar la audiencia defendió su inocencia afirmando que el apartamento fue adquirido de manera lícita y que continuará pagando hasta 2035, parece haber logrado una victoria significativa en este frente. Su declaración y la reciente resolución del juez refuerzan las dudas sobre la transparencia y la integridad del sistema judicial guatemalteco.
Informe de la Cicig en caso contra Orellana
El informe de la Cicig señala que Orellana fue electo por el Instituto de Magistrados en 2014 y luego se postuló para magistrado de la Corte de Apelaciones, siendo incluido por la Comisión correspondiente. En junio de 2017, la CSJ resolvió levantar su inmunidad, lo que permitió que las investigaciones se llevaran a cabo.
La resolución del juez González plantea serias preguntas sobre la eficacia del sistema de justicia en Guatemala y la capacidad de las instituciones para abordar casos de corrupción de alto perfil. La decisión de no proceder con la extinción de dominio del apartamento del exmagistrado genera inquietud sobre si se están tomando las medidas adecuadas para enfrentar la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en el país. La opinión pública y los observadores internacionales seguirán de cerca cómo se desarrollan estos eventos y si habrá nuevas acciones para asegurar la justicia en este caso.