El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, volvió a mostrar que su agenda responde más a cálculos políticos que a criterios jurídicos. La captura del estudiante Edmar Estuardo Arriola, vinculado al caso Toma USAC, es un ejemplo más del uso de la justicia para castigar la protesta y enviar un mensaje de intimidación a quienes se atreven a cuestionar al poder.
El señalamiento del MP acusa a Arriola de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, cargos que dibujan un expediente más político que técnico. El argumento central es que el estudiante habría ocasionado supuestos daños al Museo Universitario de la Universidad de San Carlos (Musac) por un monto de Q90 millones. La cifra resulta, como mínimo, cuestionable: proviene de una valoración realizada tras la “exhortación” de las autoridades universitarias encabezadas por Walter Mazariegos, quien fue impuesto como rector en medio de denuncias de fraude electoral y un masivo rechazo estudiantil.
La contradicción es evidente: las mismas autoridades universitarias que en reiteradas ocasiones se negaron a recibir las instalaciones durante la toma, posteriormente responsabilizaron a los estudiantes de los daños, incluso cuando muchos de estos provenían de antes de la protesta. La “valuación millonaria” se convierte así en un argumento político más que jurídico, diseñado para justificar la persecución penal.
El papel de la justicia secuestrada
El caso adquiere tintes aún más graves con la intervención del juez Víctor Cruz, un magistrado sancionado internacionalmente por su papel en resoluciones que favorecieron a actores de corrupción. Cruz solicitó el expediente del caso, lo que provocó la suspensión de la audiencia programada originalmente en el Juzgado de Turno Penal. Con esta maniobra, la audiencia de primera declaración de Arriola fue aplazada hasta el jueves 2 de octubre a las 11:00 a.m.
El resultado es que el estudiante permanecerá siete días detenido sin audiencia de primera declaración, un plazo que vulnera garantías mínimas de debido proceso. Más aún, Edmar Arriola padece hepatitis A, y pese a ello se mantiene en las carceletas de tribunales, una situación que compromete su salud y evidencia la indiferencia del sistema hacia los derechos humanos de los detenidos.
Un patrón de persecución
El caso de Edmar Arriola no es aislado. Forma parte de un patrón en el que el MP de Consuelo Porras y jueces cuestionados como Víctor Cruz utilizan la justicia para criminalizar la protesta social.. Mientras estudiantes, líderes comunitarios y opositores enfrentan procesos largos y desgastantes, los verdaderos responsables de la corrupción y el saqueo del Estado encuentran protección en esa misma estructura.
La captura y el proceso contra Edmar revelan cómo la justicia guatemalteca se ha convertido en un instrumento de represión política. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos fundamentales, se usa para enviar un mensaje de miedo: protestar puede costar cárcel, enfermedad y un expediente penal fabricado.