En medio de un ambiente de creciente escepticismo y desconfianza hacia el sistema judicial, más de 1 mil 500 aspirantes han presentado sus expedientes para ocupar una de las prestigiosas magistraturas del Organismo Judicial en Guatemala. Esta cifra incluye jueces, fiscales, comisionados y, alarmantemente, numerosos individuos señalados de corrupción. La reciente entrega de pa4pelería en la Universidad Rafael Landívar y en otros puntos clave ha revelado una serie de candidatos cuyo historial genera serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de selección.
Uno de los nombres que resalta en esta controversia es el del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. A pesar de estar incluido en la Lista Engel de Estados Unidos y sancionado en más de 40 países por su papel en la obstrucción de la justicia y la corrupción, se presentó entre los primeros aspirantes. Su candidatura pone en evidencia la continuidad de prácticas cuestionables dentro de las instituciones judiciales, y su aspiración a una magistratura despierta preocupaciones sobre la perpetuación de un sistema ya comprometido.
En la misma línea, las fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo se hicieron notar durante el proceso de presentación de expedientes. Ambas están en la Lista Engel por sus acciones que socavan procesos democráticos y por liderar investigaciones motivadas políticamente, como la del partido Movimiento Semilla en 2023. Su retiro abrupto tras la presentación de su documentación añade una capa adicional de incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones y su compromiso con la justicia.
Otros acusados de corrupción quieren llegar al poder judicial
Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, también busca un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Castellanos, quien denunció a la exfiscal de la FECI Virginia Laparra, figura en la Lista Engel y ha sido acusado de corrupción. Su intención de ascender a un cargo de mayor poder judicial subraya el problema persistente de figuras comprometidas buscando refugio en el sistema judicial.
Otra figura destacada es la jueza Carol Patricia Flores, quien fue señalada en 2018 por lavado de dinero por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Recientemente, autorizó órdenes de captura contra exfiscales anticorrupción, lo que ha generado más controversia sobre su imparcialidad y su papel en la criminalización de quienes han luchado contra la corrupción.
Esposo de Consuelo Porras también entregó su expediente
Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, también se presentó para entregar su papelería. Porras, quien también está sancionada internacionalmente, ha sido un blanco constante de críticas por su manejo del Ministerio Público, y la presencia de su esposo en el proceso solo alimenta las dudas sobre las conexiones políticas y familiares que podrían influir en el sistema judicial.
Luis Fernando Cordón, secretario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y afín al rector impuesto Walter Mazariegos, también busca una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Su cercanía con figuras polémicas y su aspiración a un puesto de gran relevancia en el sistema judicial reflejan el entramado de intereses personales y políticos que afectan la selección de jueces.
José Enrique Urrutia, comisionado del CANG y cercano a la Fundación contra el Terrorismo, ha presentado su papelería para las Salas de Apelaciones. La influencia de grupos como la Fundación contra el Terrorismo en el proceso de selección es otro aspecto preocupante que pone en duda la transparencia y la equidad del proceso.
Jueces señalados de corrupción judicial se hacen presentes
Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la CSJ, ha informado que se han recibido un total de 206 expedientes para la Corte Suprema de Justicia y más de 1 mil 200 para la Corte de Apelaciones.
Aunque Cortés califica el proceso de recepción como «satisfactorio», la presencia de numerosos candidatos con antecedentes cuestionables plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para seleccionar a magistrados verdaderamente imparciales y comprometidos con la justicia.
Entre los candidatos con antecedentes de corrupción también se encuentran Víctor Manuel Cruz Rivera, Mynor Mauricio Moto Morataya, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez y Geisler Smaille Pérez Domínguez, quienes buscan posiciones en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. La inclusión de estos individuos en el proceso refleja una preocupante falta de reformas y una persistente influencia de la corrupción en el sistema judicial.
En conclusión, el proceso de selección para las magistraturas del Organismo Judicial está plagado de ambiciones y figuras con antecedentes de corrupción. La presencia de estos candidatos subraya la necesidad urgente de reformas significativas para asegurar que el sistema judicial de Guatemala pueda funcionar de manera justa e imparcial. La comunidad y las instituciones deben estar atentas a estas dinámicas para garantizar que el nuevo ciclo de selección no perpetúe las deficiencias del pasado.