El anuncio de Walter Mazariegos sobre el inicio de un nuevo periodo rectoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para 2026-2030 no representa un simple relevo administrativo, sino la confirmación de una crisis institucional que, lejos de resolverse, se ha consolidado en el tiempo.
Su continuidad se produce en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, así como sin contar —según información oficial de la Contraloría General de Cuentas— con el finiquito exigido por la normativa vigente, un elemento que en cualquier escenario institucional debería ser determinante para la toma de posesión de un cargo de esta naturaleza.
El mensaje difundido por Mazariegos, en el que afirma haber firmado el acta administrativa de inicio de gestión y jurado fidelidad a la Constitución y a la normativa universitaria, contrasta con el clima de desconfianza que persiste dentro de la comunidad universitaria.
Para amplios sectores académicos y estudiantiles, el proceso que lo mantiene en el cargo continúa rodeado de impugnaciones, señalamientos de irregularidades y acciones legales aún sin resolución definitiva.
Institucionalidad debilitada
Más preocupante aún es que este nuevo periodo se inaugura sin que las dudas de fondo hayan sido despejadas por las instancias correspondientes, lo que alimenta la percepción de una institucionalidad debilitada, donde los conflictos jurídicos no terminan de resolverse, pero las decisiones políticas avanzan sin mayor contención.
Diversos sectores universitarios sostienen que la actual administración ha reproducido patrones de exclusión política y debilitamiento de la participación interna, con restricciones a la organización estudiantil y un progresivo cierre de espacios de deliberación. Estas denuncias, aunque rechazadas por las autoridades, forman parte de un debate que sigue abierto y sin resolución clara.
USAC continúa atrapada
En este contexto, el problema de la USAC ya no se limita a una disputa por el rectorado, sino que se ha transformado en una crisis estructural de gobernanza universitaria, donde la legalidad, la legitimidad y la representación siguen siendo ejes de profunda confrontación.
Lejos de cerrar el capítulo, el inicio de este nuevo periodo parece confirmar que la universidad estatal más importante del país continúa atrapada en una disputa institucional sin salida visible, mientras la desconfianza interna sigue creciendo y las respuestas jurídicas no llegan a tiempo para ordenar el conflicto.
El proceso que sostiene a Walter Mazariegos en el cargo se consolidó en un esquema similar al cuestionado desde 2022, bajo el cual persisten denuncias relacionadas con la exclusión de electores opositores y la realización de votaciones en condiciones altamente cuestionadas.
A ello se suman señalamientos de sectores universitarios que, durante la gestión de Mazariegos, han denunciado deterioro académico y administrativo en la USAC, cierre de espacios de participación estudiantil y medidas consideradas punitivas dentro de la vida universitaria.