Se cumplen seis meses desde que los exdirigentes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, fueron encarcelados bajo prisión preventiva por su participación en la defensa de la democracia durante las protestas de 2023.
A la fecha, el Organismo Judicial sigue sin nombrar juez para su caso, lo que constituye una clara violación de sus garantías procesales y de los derechos de los pueblos indígenas.
Su detención, impulsada por el Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales e indígenas, que denuncian que se trata de una persecución política contra líderes comunitarios que defienden la democracia.
Pacheco y Chaclán se pronuncian desde prisión
Pacheco, exalcalde, y Chaclán, extesorero de la organización comunitaria, difundieron recientemente una carta desde la cárcel, donde denuncian que sus derechos humanos continúan siendo vulnerados y recuerdan que respetar la transición de poderes no es un delito.
“¿Hasta cuándo seguiremos presos siendo inocentes?”, cuestionan. Ambos recalcan que fueron electos mediante asambleas comunales y rechazan cualquier intento de vincular a las autoridades comunitarias con hechos ilícitos.
Exigen su liberación
El 25 de abril de 2025, en una audiencia a puerta cerrada, la jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso a los exdirigentes por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, trasladándolos a la cárcel Mariscal Zavala por solicitud del Ministerio Público. El caso permanece bajo reserva judicial, prolongando la incertidumbre sobre el destino legal de Pacheco y Chaclán.
Organizaciones sociales, indígenas y campesinas han exigido al Organismo Judicial garantizar el cumplimiento del debido proceso, subrayando que la demora en la asignación de un juez no solo afecta a los sindicados, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en la justicia y perpetúa la persecución de líderes comunitarios que defienden derechos colectivos.
Seis meses después, la situación de Pacheco y Chaclán sigue siendo un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser utilizado para amedrentar a quienes representan a los pueblos indígenas, en lugar de garantizar protección, justicia y transparencia en los procesos legales. La pregunta sigue vigente: ¿cuánto tiempo más seguirán presos siendo inocentes?