Cuando hablamos de la captura del sistema judicial, entendemos que se trata del “ejercicio de influencia abusiva de diferentes sectores para que la justicia funcione de acuerdo a sus intereses y prioridades, en detrimento de su finalidad”. Esta semana nos ofreció claros ejemplos del sistema de justicia bajo la lógica de captura por fuerzas corruptas y antidemocráticas.
Uno de los ejemplos más notorios es el caso de Ligia Hernández, una funcionaria del gobierno actual. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones confirmó su prisión preventiva por hechos vagos que la fiscalía no ha podido aclarar ni probar. Este es solo uno de los muchos casos que evidencian cómo las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos.
En contraste, la misma semana, la Sala Primera revocó la prisión del exdiputado Luis Rabbé, acusado de desviar fondos públicos mediante la creación de plazas fantasmas cuando presidía el Congreso. Esta resolución fue firmada, entre otros, por Luis Mauricio Corado Campos, quien ahora ha sido nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo que anticipa un periodo aún más oscuro para la justicia guatemalteca en los próximos cinco años.
Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción, señala que estos casos demuestran cómo el sistema judicial actúa con firmeza contra aquellos que apoyan o promueven la lucha anticorrupción, mientras que es indulgente con los responsables de crímenes y corrupción. La balanza de la justicia se inclina peligrosamente hacia la impunidad.
Otro ejemplo alarmante es la decisión de la Jueza Quinta, quien admitió a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón como querellantes adhesivos en contra de los fiscales que investigaron los millonarios sobornos que recibieron de la constructora brasileña Odebrecht. Ambos, acusados de recibir cerca de 20 millones de dólares en sobornos, ahora se presentan como víctimas, lo que subraya el colapso ético y moral de un sistema judicial capturado.
El panorama empeoró con la reciente captura del exregistrador de ciudadanos, ordenada por el juez Jimmi Bremmer, justo cuando el detenido iba a ser juramentado como magistrado de la Corte de Apelaciones. Este arresto ha sido interpretado por Sandoval como una advertencia de la Fiscal General para la nueva magistratura, y empaña el inicio del mandato de la nueva Corte Suprema de Justicia.
La falta de acuerdos para seleccionar al presidente del Organismo Judicial es otro síntoma de la crisis que atraviesa el sistema judicial. Las salas penales de la Corte de Apelaciones han sido integradas por magistrados con antecedentes cuestionables, un golpe directo a los principios de independencia e imparcialidad que deberían regir la justicia.
En apenas tres días, sobran los ejemplos que muestran cómo el sistema judicial guatemalteco está firmemente capturado, mientras que desde el Ejecutivo parece que solo observan desde la distancia, sin actuar.