La Corte de Constitucionalidad (CC), bajo el mando de Leyla Lemus, volvió a alinearse con los intereses del pacto de corruptos al rechazar definitivamente un amparo solicitado por Claudia González, criminalizada por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras tras su labor como mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La resolución —firmada por los magistrados Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Nester Vásquez— blinda una resolución cuestionada del juez Jimi Bremer, quien impuso una reserva parcial al expediente judicial de Claudia González, impidiéndole acceder a información clave para su defensa. Todos estos magistrados han sido señalados por su cercanía a la fiscal general Consuelo Porras y su rol en la consolidación del aparato de persecución contra operadores de justicia independientes.
La justicia opaca como norma
El amparo planteado por Claudia González reclamaba una violación flagrante a su derecho de defensa. Como procesada, y con auto de procesamiento dictado en su contra, debía tener libre acceso al expediente que sustenta la acusación promovida por el MP. Sin embargo, el juez Bremer —incluido en listas internacionales de actores corruptos— decretó una reserva parcial que impidió a González y a su defensa acceder a las diligencias realizadas por el ente investigador.
En su planteamiento, la exmandataria de la CICIG advirtió que esa reserva la dejaba en un estado de indefensión, impidiéndole ejercer plenamente su derecho a defenderse de acusaciones cuyo contenido desconocía. Además, sostuvo que el juez actuó en contra del artículo 314 del Código Procesal Penal, que no contempla dicha medida en casos como el suyo.
La CC como escudo del abuso contra Claudia González
Pese a estos argumentos, la CC desestimó el amparo y, con ello, avaló un proceso judicial opaco e irregular. En su fallo, los magistrados sostienen que Claudia González “ya tenía conocimiento de la investigación” y que “podía consultar y reproducir las actuaciones que estimara pertinentes”. Sin embargo, este argumento ignora el fondo del reclamo: la limitación impuesta por una reserva ilegal y arbitraria que no debió existir.
Este fallo no es aislado. Se suma a una serie de decisiones emitidas por la actual integración de la Corte que socavan derechos fundamentales, protegen a jueces cuestionados y respaldan los abusos del Ministerio Público. La CC se ha convertido, de forma sistemática, en un muro de contención frente a cualquier intento de frenar la criminalización contra exoperadores de justicia, incluso cuando esta contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de debido proceso.
Un caso construido sobre la persecución
Claudia González fue detenida el 28 de agosto de 2023 y permaneció 81 días en prisión preventiva por orden del juez Bremer. La denuncia que dio origen a su caso fue presentada por la exmagistrada Blanca Stalling, a quien González investigó por tráfico de influencias cuando era parte de la CICIG. La acusación: supuesto abuso de autoridad por haber ejercido funciones de investigación en contra de Stalling, quien fue señalada por intentar influir en decisiones judiciales a favor de su hijo, Otto Molina Stalling, detenido en el caso IGSS-Pisa.
El proceso contra Claudia González es solo uno más dentro del patrón de persecución judicial contra quienes combatieron la corrupción. También pesa orden de captura contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval, la exfiscal Siomara Sosa y el exjuez Carlos Ruano, todos actualmente en el exilio. Las audiencias en el caso de González, por su parte, han sido suspendidas sin justificación clara desde junio de 2024, en un intento más de prolongar su criminalización.
Con esta nueva resolución, la Corte de Constitucionalidad ratifica su rol como garante del aparato de persecución y no como garante de derechos. Su silencio ante los abusos del MP y sus fallos alineados con intereses políticos evidencian una Corte sometida al poder de facto de Consuelo Porras y sus aliados. La justicia, bajo la CC de Leyla Lemus, no protege derechos: protege el sistema de impunidad que criminaliza a quienes alguna vez lo desafiaron.