La comisión de postulación que deberá elaborar la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas comenzará su trabajo con un desafío central: evitar que intereses políticos condicionen la selección de los seis profesionales que serán enviados al Congreso de la República.
Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar y presidente de la postuladora, considera que la prioridad debe ser identificar perfiles con capacidad profesional, honorabilidad y compromiso con el Estado de derecho.
El proceso estará a cargo de una comisión integrada por 27 miembros. Además de Cortés, participarán 13 decanos de facultades vinculadas con las áreas de contaduría pública, auditoría y economía, junto con 13 representantes de los colegios profesionales relacionados con esas disciplinas.
Principales riesgos
Para el rector, uno de los principales riesgos será que algunos integrantes lleguen con posiciones previamente definidas. Por ello, considera indispensable mantener un diálogo abierto y buscar acuerdos a partir de criterios objetivos.
Cortés ya cuenta con experiencia al frente de una comisión de postulación. En 2024 dirigió el proceso para integrar la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó, una de las principales lecciones de aquella experiencia fue la importancia de generar espacios de diálogo entre comisionados con distintas posturas.
El presidente de la nueva postuladora también anticipa la posibilidad de que se presenten acciones legales durante el proceso. Recordó que los amparos forman parte de los derechos constitucionales, aunque señaló que en procesos anteriores algunos recursos fueron utilizados con otros intereses.
Contraloría desempeñará un papel relevante
La elección tendrá una importancia adicional debido a la cercanía de las elecciones generales de 2027. La Contraloría General de Cuentas desempeñará un papel relevante en ese contexto, por lo que Cortés insiste en que el próximo titular debe actuar con independencia y fortalecer la institucionalidad.
Como sede del proceso, la Universidad Rafael Landívar ofrece espacios para los comisionados, la prensa y la sociedad civil. Cortés sostiene que la transparencia debe incluir también el acceso público al desarrollo de la elección.