En octubre de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desarticularon una estructura de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El caso, denominado “Negociantes de la Salud”, reveló cómo funcionarios del Seguro Social y empresarios farmacéuticos habían creado una red para manipular licitaciones y beneficiar a proveedores a cambio de comisiones ilegales.
Entre los procesados figuraban Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia; Óscar Armando García Muñoz, entonces gerente del IGSS; y empresarios como Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán. Las investigaciones establecieron que la red modificaba el listado básico de medicamentos, pagaba sobornos por incluir o excluir productos, e incluso promovía un consumo injustificado para favorecer a las empresas vinculadas a Alejos. En algunos casos, el IGSS llegó a adquirir medicinas suficientes para 13 años, pese a que su vigencia era de apenas dos.
Condenan a implicados
El 14 de junio de 2023, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a Gustavo Alejos a ocho años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de Q33 mil 333 por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Alejos aceptó haber cometido los delitos, lo que redujo considerablemente su pena. Junto a él fueron condenados varios exfuncionarios y empresarios del sector salud.
Sin embargo, desde la salida de la CICIG en 2019 y la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, el avance del caso se ha visto notablemente debilitado. La FECI, antes dirigida por Juan Francisco Sandoval, fue desmantelada, y varios de sus fiscales debieron exiliarse. La nueva administración del MP ha mostrado poca voluntad para impulsar procesos emblemáticos de corrupción, entre ellos Negociantes de la Salud.
Otros siguen sin sentencia
En septiembre de 2024, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal tenía previsto iniciar el juicio contra otros implicados que aún esperan resolver su situación legal desde 2017. No obstante, el debate fue suspendido por “falta de preparación” del nuevo fiscal asignado, quien alegó necesitar más tiempo para conocer el expediente. El tribunal rechazó la justificación, señalando que los problemas internos del MP no deben obstaculizar la justicia.
Hoy, en octubre de 2025, el caso permanece sin sentencia para la mayoría de los acusados. El expediente, que en su momento simbolizó la lucha contra la corrupción en el sistema de salud pública, se encuentra paralizado.
Recordar el caso Negociantes de la Salud es recordar cómo el dinero destinado a la atención médica fue desviado por intereses privados, y cómo, tras la salida de la CICIG, muchos de esos responsables caminan libres. Es un recordatorio de la importancia de la memoria y de la vigilancia ciudadana para evitar que la impunidad se convierta en norma.