En un giro que pone en entredicho la independencia y la transparencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el rector de facto, Walter Mazariegos, ha designado a José Alfredo Olazábal Mendizábal como el nuevo jefe de la División de Seguridad Universitaria, un cargo recién creado y con implicaciones preocupantes para la comunidad universitaria.
Olazábal Mendizábal, quien se ha relacionado estrechamente con el pacto de corruptos que ha marcado la política guatemalteca, no solo representa un paso atrás en la lucha contra la impunidad, sino que pone en riesgo la autonomía de la USAC.
El nuevo jefe de la División de Seguridad Universitaria no es un recién llegado a los pasillos del poder. Fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales, y su nombre resuena con uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país: el 31 de agosto de 2018, cuando Morales, en un intento por desmantelar los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenó el despliegue de los J-8 en la sede de la comisión, evento en el que Olazábal estuvo directamente involucrado. Este acto no solo marcó un hito en la lucha contra la corrupción, sino que también evidenció la complicidad de ciertos sectores del gobierno en la defensa de la impunidad.
Olazábal Mendizábal aliado de Alejandra Carrillo
Además, Olazábal Mendizábal no es ajeno a las denuncias de abuso de autoridad y peculado por uso. Junto con Alejandra Carrillo, extitular del Instituto de la Víctima, fue señalado por estos delitos. Sin embargo, la impunidad prevaleció, ya que el Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras desestimó las acusaciones. Este contexto es crucial para entender el trasfondo del nuevo nombramiento en la USAC: un movimiento que refuerza las relaciones de poder entre figuras claves del pacto de corruptos, que han trabajado incansablemente para preservar sus intereses, mientras el sistema de justicia se tambalea ante la impunidad.
La comunidad estudiantil de la USAC, consciente de los oscuros antecedentes de Olazábal, ha expresado su preocupación ante este nombramiento. El Colectivo Estudiantil Universitario ha denunciado que la creación de la División de Seguridad Universitaria y la designación de Olazábal como su jefe son parte de una estrategia que busca reforzar los lazos de Mazariegos con sectores corruptos vinculados al gobierno de Morales y la fiscalía de Porras. El colectivo no ha dudado en señalar que este nombramiento podría tener un propósito mucho más oscuro: la utilización de la seguridad universitaria como herramienta para la represión y la criminalización de la protesta.
Impacto de este nombramiento
El impacto de este nombramiento va más allá de una simple cuestión administrativa. La comunidad universitaria teme que la autonomía de la USAC se vea seriamente comprometida si la seguridad del campus se utiliza para controlar y sofocar las voces disidentes.
Las universidades, en su rol de centros de pensamiento crítico y oposición, han sido históricamente blanco de ataques por parte de gobiernos autoritarios que buscan callar a aquellos que exigen justicia. El nombramiento de Olazábal podría ser un paso más en ese intento por silenciar la protesta estudiantil.