El expresidente Otto Pérez Molina, recuperó su libertad después de desembolsar Q10.3 millones en cauciones económicas relacionadas con los casos La Línea y Cooptación del Estado. El exmandatario optó por hipotecar sus bienes para justificar el pago impuesto por el Tribunal de Mayor Riesgo «B», permitiéndole acceder a medidas sustitutivas a la prisión. Pérez Molina, quien estuvo encarcelado desde septiembre de 2015 en la Brigada de Mariscal Zavala, enfrenta dos condenas por corrupción.
En el caso La Línea, fue sentenciado a 16 años de prisión, pero desde 2021 contaba con libertad condicional que no se ejecutó debido a su alegada incapacidad para abonar la suma requerida. Aunque las sentencias en ambos casos aún no están firmes, la liberación del expresidente genera controversia y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial guatemalteco.
Otto Pérez Molina, de 73 años y general retirado, asumió la presidencia en 2012, pero renunció el 2 de septiembre de 2015, tras intensas protestas ciudadanas y acusaciones de corrupción. Junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, enfrentó meses de prisión preventiva a la espera de sentencia.
El Caso La Línea: Desmantelamiento de una red criminal
El Caso La Línea, revelado en abril de 2015, marcó el colapso del gobierno de Otto Pérez Molina. La investigación liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desentrañó una red dedicada a la defraudación aduanera y evasión fiscal, dirigida por el expresidente y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Esta red operaba en colaboración con funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), encubriendo actividades ilícitas bajo una apariencia de legalidad. El caso provocó masivas manifestaciones contra el Partido Patriota y contribuyó a la renuncia del binomio presidencial. La investigación también derivó en casos posteriores, revelando la complejidad de una estructura criminal que cooptó instituciones estatales.
Cooptación del Estado: Un entramado de corrupción político-económica
El Caso La Línea generó el desglose del caso conocido como Cooptación del Estado. Aquí se evidenció una estructura criminal liderada por Pérez Molina y Baldetti, que cooptó varias instituciones clave del Estado entre 2012 y 2015. La investigación reveló una maquinaria de lavado de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.
La trama involucra delitos como financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Los investigadores de la CICIG concluyeron que los actos de corrupción no eran aislados, sino parte de una estructura criminal mafiosa que llegó al poder por vía electoral en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran el Presidente y la Vicepresidenta.