Durante la presente semana, tres políticos y exfuncionarios vinculados a casos de corrupción fueron beneficiados por decisiones judiciales en Guatemala, al ser desligados de varios delitos.
Entre los favorecidos se encuentran un diputado, un exministro de Comunicaciones y un exsecretario privado de la Presidencia.
Caso Q122 millones
El proceso judicial comenzó el 9 de febrero, cuando la jueza Abelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D, llevó a cabo una audiencia a puerta cerrada relacionada con el caso conocido como los Q122 millones, relacionado con el dinero localizado en Antigua Guatemala en 2020.
En esta audiencia, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, solicitó ser condenado por la vía de «aceptación de cargos». La jueza decidió cambiarle el delito por el cual era acusado, lo cual fue cuestionado por expertos en la materia.
La pena impuesta al exministro del expresidente Jimmy Morales, también con señalamientos de corrupción, fue de “cuatro años de prisión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos”, por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, Cruz Toscano redujo la sanción a la mitad, es decir, dos años, y le impuso una multa de Q1 millón 600 mil y le ordenó el pago de una reparación digna consistente en Q220 mil.
Absuelven a Gustavo Alejos
Tres días después, el lunes 12 de febrero de 2024, la misma jueza resolvió favorecer al exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Gustavo Alejos, ordenando el sobreseimiento de los cinco cargos por los que era señalado en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
Con esta decisión se cerró el proceso penal contra Alejos, desestimando los delitos de asociación ilícita, defraudación tributaria, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, y evasión, imputados en este caso.
Caso Chicamán
En la misma fecha, el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió un diputado activo señalado en el caso Chicamán, una trama de defraudación millonaria que, según el Ministerio Público (MP), operó en la Municipalidad de Chicamán, Quiché. Este caso salpicó a por lo menos 12 políticos, incluyendo al exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro Morales; la exdiputada del extinto Partido Patriota, Emilenne Mazariegos; y al ahora diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, quien fue absuelto el 12 de febrero.