El reciente escándalo en torno al Ministerio Público (MP) revela un preocupante patrón de desbalance y favoritismo en la justicia guatemalteca. Mientras Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se libra de una denuncia por revelación de información confidencial, la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, enfrenta una condena ejemplar a pesar de su lucha contra la corrupción.
El MP, bajo la dirección de Consuelo Porras, desestimó recientemente una denuncia contra Curruchiche por revelar información confidencial de una investigación sobre el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.
Curruchiche fue acusado de detallar información de la investigación a dos medios de comunicación, violando así el secreto de las investigaciones en curso. En contraste, Virginia Laparra, quien enfrentó cargos similares, fue condenada a cinco años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, una multa de Q50 mil y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por una década.
Laparra, conocida por su firme postura en la lucha contra la corrupción, fue condenada bajo la misma legislación que Curruchiche ha violado, lo que resalta una preocupante discrepancia en el tratamiento judicial de los casos.
Persecución contra Juan Francisco Sandoval
Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción que permaneció al frente de la FECI hasta julio de 2021, fue destituido de forma ilegal por Porras. La destitución se produjo en medio de una serie de investigaciones de corrupción que implicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei. Sandoval salió del país y se exilió tras enfrentar órdenes de captura que él atribuye a una persecución política motivada por sus investigaciones.
La FECI, bajo la dirección de Curruchiche, ha acusado a Sandoval de negarse a entregar información sobre investigaciones relacionadas con Giammattei. No obstante, esta acusación ha sido desmentida y es de conocimiento público que, desde su nombramiento, Porras se ha enfocado en proteger a exfuncionarios involucrados en casos de corrupción.
El caso «Alfombra Mágica», que apuntaba a la recepción de sobornos millonarios por parte de Giammattei, fue cerrado sin avances significativos. Las investigaciones sobre este caso y la falta de avances han generado dudas sobre la transparencia y eficacia de la FECI bajo Curruchiche.
La falta de imparcialidad en el MP
La decisión de desestimar la denuncia contra Curruchiche, mientras se persigue a figuras como Laparra por cargos similares, pone en evidencia una preocupante falta de imparcialidad en el sistema de justicia guatemalteco. La persecución de aquellos que luchan contra la corrupción y la protección de funcionarios cuestionados subraya una erosión de los principios de justicia y transparencia.
En resumen, el MP de Consuelo Porras parece estar más enfocado en proteger a quienes perpetúan la corrupción que en enjuiciar a aquellos que intentan erradicarla. La ciudadanía guatemalteca merece un sistema judicial que actúe con equidad y que garantice que todos los funcionarios, sin importar su posición, enfrenten la justicia de manera justa y transparente.