Jimi Bremer es actualmente el juez titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal en Guatemala, pero su nombre se ha convertido en sinónimo de regresión democrática, abuso de poder judicial y persecución política. Aunque por años mantuvo un bajo perfil como juez suplente y juez de paz, en los últimos años ha ganado notoriedad internacional, no por su compromiso con la justicia, sino por sus resoluciones en contra de periodistas, fiscales, abogados y defensores del Estado de derecho.
En 2023, Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, y la Unión Europea también le impuso sanciones por su papel en la criminalización de operadores de justicia y profesionales de la prensa en Guatemala. A pesar de estas graves sanciones internacionales, Bremer continúa ejerciendo como juez sin ningún obstáculo local, protegido por el sistema judicial cooptado que él mismo ha contribuido a fortalecer.
El brazo judicial del régimen de impunidad
Jimi Bremer fue el juez que autorizó una de las acciones más escandalosas de los últimos años: permitir que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora bajo el mando de Rafael Curruchiche, investigara a periodistas y columnistas que trabajaron para elPeriódico, un medio reconocido por sus investigaciones sobre corrupción en el poder político y judicial.
Lejos de proteger la libertad de prensa, Bremer decidió avalar la persecución judicial como mecanismo de represalia contra quienes han denunciado la corrupción. Esta resolución fue señalada por organizaciones nacionales e internacionales como una amenaza directa a la libertad de expresión en Guatemala.
Justicia selectiva de Jimi Bremer: el caso Mynor Moto
El historial de resoluciones cuestionables de Bremer no termina ahí. En julio de 2022, benefició al exjuez Mynor Moto —otro actor sancionado internacionalmente— al cambiar de juzgado el proceso penal en su contra para asumirlo él mismo. Y en diciembre de ese mismo año, revocó la orden de captura contra Moto por el caso *Comisiones Paralelas*, en el que se investiga la manipulación de nombramientos en cortes de justicia. Esta decisión fue vista como parte de una estrategia coordinada para proteger a figuras clave en el pacto de impunidad que domina el aparato de justicia.
La persecución contra Claudia González
Uno de los casos más emblemáticos del uso del sistema judicial para la venganza política es el proceso contra la abogada Claudia González, exmandataria de la CICIG. Jimi Bremer la envió a juicio por un supuesto delito de abuso de autoridad, en un proceso ampliamente criticado por su falta de sustento jurídico. González, quien lideró investigaciones contra redes de corrupción durante la existencia de la CICIG, pasó 82 días en prisión preventiva en 2023. Desde el inicio, denunció que su captura obedecía a una represalia política.
Sanciones internacionales que retratan el papel de Jimi Bremer
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Bremer no son simbólicas: representan el rechazo frontal de la comunidad internacional ante jueces que utilizan la ley para castigar a quienes luchan contra la corrupción. Washington lo acusó directamente de “participar en acciones de criminalización contra operadores de justicia y periodistas”, una definición que retrata con precisión su actuación.
Pese a ello, Bremer sigue en funciones, y Guatemala continúa bajo un sistema en el que jueces con historial de decisiones políticamente motivadas siguen operando con total impunidad.
Un país expulsando a quienes defienden la justicia
Desde 2018, más de 50 personas, entre fiscales, jueces, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, han tenido que huir de Guatemala debido a la persecución encabezada por el Ministerio Público, con jueces como Jimi Bremer desempeñando un papel clave en el uso del poder judicial como herramienta de represalia.
Su permanencia en el sistema refleja no solo el colapso ético del Poder Judicial, sino también el fracaso institucional de un país que castiga a quienes defienden la justicia y protege a quienes la distorsionan.
Jimi Bremer no es un juez cualquiera. Es uno de los rostros del deterioro democrático y judicial de Guatemala. Y mientras siga ejerciendo sin consecuencias, el mensaje que se envía es claro: en el país, la justicia está al servicio del poder, no de los ciudadanos.