Luis Enrique Hernández Azmitia es uno de los rostros más representativos del reciclaje político guatemalteco, donde figuras señaladas por vínculos con redes corruptas reaparecen en distintos espacios del poder. Su trayectoria pública ha estado marcada por alianzas con personajes sancionados por corrupción, denuncias judiciales y un activismo político que hoy se articula desde la desinformación, el acoso y la impunidad.
La carrera de Hernández Azmitia comenzó en el año 2012 como viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), durante la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos condenados por corrupción. En esa etapa, fue investigado por el manejo irregular del programa Bono Seguro, una de las principales estrategias clientelares del gobierno del Partido Patriota.
En 2015, Hernández Azmitia llegó al Congreso de la República con el partido Visión con Valores (Viva), pero más tarde se transfugó al Movimiento Reformador (MR), una agrupación política vinculada al exministro Alejandro Sinibaldi. Su paso por el Legislativo estuvo rodeado de señalamientos y polémicas cuando formó parte del extinto partido FCN-Nación. Siendo diputado se presentó una solicitud de antejuicio por los delitos de difamación, denuncia falsa y abuso de autoridad.
En 2019, intentó mantenerse en el Congreso con el partido Podemos, de Roberto Arzú, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó su candidatura al considerarlo tránsfuga. No fue la última vez que trató de regresar.
Un historial de rechazos y denuncias
En las elecciones de 2023, buscó una curul con FCN-Nación, partido del cuestionado expresidente Jimmy Morales, pero el TSE volvió a revocar su candidatura. En esa ocasión, el Tribunal argumentó que Hernández Azmitia no era idóneo para el cargo debido a que tenía un proceso de investigación abierto y una denuncia por violencia contra la mujer, interpuesta por su expareja en 2019. La denuncia incluía agresión física y verbal.
Ese mismo año, elPeriódico reveló un correo de su madre, Marta Azmitia de Hernández, en el que pedía expresamente no ser vinculada con su hijo, asegurando que no tenía relación con él desde hacía más de 20 años.
Del Congreso a la OEA, por “vida y familia”
En un giro que evidenció la lógica clientelar del Estado, en 2020, el gobierno de Jimmy Morales lo nombró consejero ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El propio Ejecutivo explicó que el cargo se otorgó por decisión política y por su “conocimiento de la vida y familia”, una expresión que generó críticas por la falta de mérito y el uso político de cargos diplomáticos.
Actor del netcenter y defensor de Porras
En la actualidad, Hernández Azmitia ha reaparecido como uno de los principales voceros del discurso de fraude electoral, alineado con el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras. A través de su podcast y redes sociales, ha promovido una narrativa que desinforma y ataca a exoperadores de justicia, exfiscales anticorrupción, exdefensores de derechos humanos y periodistas.
Ha sido visto utilizando estacionamientos exclusivos del Ministerio Público y manteniendo reuniones en sus instalaciones, sin que el MP haya dado explicación alguna. Su cercanía con el ente investigador refleja la cooptación institucional, donde actores políticos acusados públicamente de delitos actúan en complicidad con fiscales afines.
En el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, el Ministerio Público lo presentó como supuesto testigo, pero fue reprendido por la presidenta del Tribunal al intentar desviarse del tema y hablar sobre sí mismo. Su participación fue irrelevante y evidenció su uso como figura útil en la persecución de voces críticas.
Una orden de captura que el MP quiso frenar
En junio de 2025, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal giró una orden de captura contra Hernández Azmitia por el delito de negación de asistencia económica. El caso había sido conocido por la Fiscalía de la Mujer, pero esta intentó proteger al exdiputado solicitando una reprogramación de la audiencia, alegando que no había sido notificado.
Pese a esta maniobra, el juzgado resolvió emitir la orden de aprehensión. En la audiencia compareció el auxiliar fiscal Pedro Otto Hernández, ahijado de Consuelo Porras, lo que evidenció una vez más los conflictos de interés y protección institucional hacia aliados políticos, según reveló el medio ePInvestiga.
Un operador del viejo sistema
Luis Hernández Azmitia representa al viejo modelo político guatemalteco, donde el abuso de poder, la transfugismo, el uso del aparato estatal y la persecución contra opositores se entrelazan. Su constante intento de volver a la esfera pública —pese a sus múltiples antecedentes— solo confirma la necesidad urgente de depurar y blindar las instituciones del Estado.
Mientras continúa promoviendo discursos de odio y desinformación, el sistema judicial, aún cooptado, le ha garantizado impunidad durante años. Sin embargo, la reciente orden de captura podría marcar un giro si las instituciones actúan con independencia. Guatemala no puede permitirse seguir tolerando operadores como él.