Victor Cruz, un abogado guatemalteco de 53 años nacido en Quezaltepeque, Chiquimula, ha emergido como una figura prominente en el ámbito judicial del país. Actualmente, se desempeña como juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Sin embargo, su ascenso y sus decisiones judiciales han generado un intenso escrutinio y controversia en la sociedad guatemalteca.
A lo largo de su carrera, Cruz ha estado involucrado en casos de gran envergadura que han capturado la atención nacional e internacional. Entre estos casos destacan el cierre del proceso contra Blanca Stalling, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSI); el caso Cambray; y el escándalo de supuesta corrupción, que involucra un desfalco de casi Q68 millones en el nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango.
Más recientemente, ordenó la detención de una veintena de estudiantes, docentes y personas vinculadas a la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos (Usac), en un caso denominado «Toma de la Usac: botín político».
Víctor Cruz sancionado por EE. UU.
Sin embargo, la gestión de Cruz no ha estado exenta de críticas. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la «Lista Engel», señalándolo por entorpecer Investigaciones de casos de corrupción y demorar indebidamente los procesos judiciales.
Uno de los momentos más controvertidos en la carrera de Cruz fue cuando, en enero de 2024, el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras desestimó un caso en su contra. En este proceso se le señalaba de recibir Q5 millones a cambio de girar la primera orden de captura en contra de la exfiscal general Thelma Aldana, lo que arrojó serias dudas sobre su integridad y transparencia como juez.
Cruz ha beneficiado a acusados de corrupción
Además, se ha cuestionado su manejo en casos de corrupción, donde ha beneficiado a acusados prominentes. Por ejemplo, en noviembre de 2018, otorgó libertad condicional al exministro de Gobernación Salvador Gándara y fijó una fianza de Q100 mil, así como a Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, en el caso Transurbano. Este tipo de decisiones han suscitado sospechas sobre posibles vínculos de corrupción judicial.
En el caso del desfalco en el Hospital Nacional de Chimaltenango, Cruz otorgó medida sustitutiva al ex viceministro de Salud, Gerardo David Hernández García, quien tiene conexiones con Miguel Martínez, también sancionado por EE. UU. Estos patrones de comportamiento han llevado a cuestionamientos sobre su imparcialidad y su compromiso con la lucha contra la corrupción.
Además, en marzo de 2020, Cruz archivo de manera provisional el proceso penal que se seguía en contra de Victor Alvarizaes y Antonio Coro, ambos exalcaldes de Santa Catarina Pinula, señalados en el caso Cambray.
Conflicto de interés en caso toma Usac
Como se mencionó anteriormente, el juez Décimo de Instancia Penal autorizó los allanamientos y las órdenes de captura en el caso «Toma de la Usac: Botín político» tres meses después de haber firmado un contrato como catedrático en esa universidad. Aunque el contrato inicial pudo haber finalizado, existe la posibilidad de que haya sido renovado.
En redes sociales, algunos abogados han señalado posibles irregularidades y conflictos de interés en la actuación del juez Cruz, argumentando que podría tener vínculos con una de las partes del caso penal.
Según la Ley del Organismo Judicial, en su artículo 123, los jueces deben excusarse de conocer ciertos casos. El inciso «h» establece que deben excusarse «cuando un juez, su cónyuge, descendientes… hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez».
En conclusión, Victor Cruz se ha convertido en un personaje polémico en el ámbito judicial guatemalteco. A pesar de su participación en importantes casos de corrupción, su gestión ha estado marcada por decisiones cuestionables que han generado escepticismo sobre su Integridad y compromiso con la justicia.