“¡Renuncia ya, Consuelo Porras!» es el grito unánime hacia la figura de la Fiscal General ya que en cualquier país, las Fiscalías desempeñan un papel crucial en la administración de justicia y el mantenimiento del estado de derecho. Porras es la encargada de liderar el Ministerio Público y velar por el cumplimiento de las leyes, esta posición se erige como uno de los pilares fundamentales para garantizar la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema judicial. Sin embargo, la persona que ocupe este cargo también se encuentra bajo una intensa presión, ya que debe equilibrar la aplicación imparcial de la ley con las expectativas y demandas de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los entes gubernamentales.
En este contexto, uno de los nombres que ha acaparado la atención en los últimos tiempos es el de Consuelo Porras, quien ocupa la posición de Fiscal General en Guatemala. Su mandato ha estado marcado por un creciente clamor popular que exige su renuncia, lo que refleja no solo las tensiones políticas y sociales en el país, sino también la importancia de esta figura en la percepción de justicia y gobernabilidad. A continuación, exploraremos el contexto y las razones detrás de este clamor, así como el impacto que ha tenido en la dinámica política y judicial de Guatemala y en la percepción de la comunidad internacional.
Crisis en la gestión de Consuelo Porras
La gestión de Consuelo Porras al frente del MP ha estado marcada por grandes crisis que han sacudido no solo el entorno judicial de la nación, sino también han llamado la atención de la comunidad internacional. Estas crisis han desencadenado llamados públicos para su renuncia e incluso destitución, así como cuestionamientos sobre su rol en la protección de políticos corruptos y la presunta obstrucción de investigaciones judiciales.
El 20 de septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Porras en la Lista Engel y la señaló por su «participación en hechos significativos de corrupción». Este acontecimiento generó un fuerte malestar en diversos sectores de Guatemala, quienes salieron a las calles para pedir su renuncia o destitución.
A pesar de estas críticas y la presión internacional, el 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei la reeligió como fiscal general por un segundo periodo, lo que profundizó aún más la polarización en torno a su liderazgo en el Ministerio Público.
Desde que asumió el cargo en 2018, la fiscal general ha sido objeto de numerosas críticas tanto dentro de Guatemala como en la comunidad internacional. Se le señala de proteger a políticos corruptos, bloquear investigaciones judiciales, y mantener una colusión con Giammattei y su círculo más cercano. Además, la persecución contra operadores anticorrupción, jueces y periodistas, lo que ha erosionado la confianza en la imparcialidad de la justicia en el país.
La presión mediática y las voces que claman por su dimisión
La otra crisis que enfrenta el Ministerio Público durante la gestión de Porras es la que actualmente está en curso, marcada por una creciente presión mediática que exige su renuncia del cargo. Esta vez, la inconformidad de algunos sectores se extiende también al trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche. Ambos, junto a sus equipos de trabajo, están bajo escrutinio por su falta de acción en casos de corrupción y persecución contra operadores anticorrupción.
La controversia se intensificó después de la primera vuelta electoral del 25 de junio, cuando la FECI lideró investigaciones que apuntaban a ilegalidades en la conformación del Movimiento Semilla, ganador de la Presidencia para el periodo 2024-2028. Se cuestionaron supuestas irregularidades en la transmisión de resultados electorales y se investigó una posible manipulación de votos desde las Juntas Receptoras.
Estos acontecimientos han desencadenado un clamor creciente que exige la renuncia de Porras y ha llevado a protestas en la sede central del MP, ubicada en el Barrio Gerona, en la zona 1, donde se ha instalado una reja para proteger el edificio, sin dar detalles precisos sobre su propósito.
No solo eso, también se colocaron baños portátiles en las afueras de la sede central del MP, según su departamento de comunicación social, se trata de una circunstancia ajena a la institución. Actualmente, se desconoce quién o qué entidad ha contratado el servicio de los baños sanitarios. No obstante, en las redes sociales ha surgido la especulación de que la organización ‘Grupo Pro Justicia (GPO ProJusticia)’, que muestra afinidad con las actuales autoridades del MP, podría haber sido responsable de la instalación de este servicio sanitario.
Porras emite pronunciamiento en respuesta a la exigencia de su renuncia
El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en respuesta a la exigencia de renuncia de su actual titular. En el comunicado, defiende su labor en la investigación de denuncias ciudadanas, enfatizando su compromiso con el cumplimiento del mandato constitucional y la garantía de una respuesta oportuna a las víctimas de delitos. Además, resalta los logros alcanzados durante la administración de Porras y su proceso de reelección basado en la ley y la evaluación de requisitos constitucionales.
“Se respeta el derecho de petición de los ciudadanos, sin embargo, existen los mecanismos legales ya establecidos para dicha circunstancia», se comunicó a la ciudadanía.
Cabe destacar que, en la actualidad, Consuelo Porras es la funcionaria más rechazada y con menor credibilidad en el Estado guatemalteco. En mayo, el Índice de Aprobación de la Encuesta Libre 2023 reveló que la labor de Porras acumuló un 85 % de desaprobación.
El viernes, 1 de septiembre de 2023, un grupo de ciudadanos entregó más de 100 mil firmas emitidas por guatemaltecos que expresan su rechazo a la gestión de la jefa del Ministerio Público y exigen su renuncia. Estas firmas fueron recolectadas después de que el politólogo Estuardo Contreras lanzara una campaña en las redes sociales para darle voz a la población.
Ruta a seguir para la renuncia de Porras
En el marco legal, existen únicamente dos escenarios posibles para un cambio en la posición de Fiscal General: la remoción o destitución justificada y la renuncia.
En el primer escenario, la Constitución Política (artículo 251) estipula que el Presidente de la República tiene la facultad de remover al jefe de la Fiscalía, pero únicamente cuando exista una causa debidamente justificada. Esta causa para la remoción se encuentra definida en el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, el cual establece que dicha causa es la «comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada». En caso de que el proceso legal resulte en sobreseimiento, desestimación, archivo o falta de mérito, el fiscal será inmediatamente restituido en su cargo.
El artículo 15 de la misma ley establece el procedimiento de sustitución en caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva del Fiscal General. En tales situaciones, corresponde al Presidente de la República nombrar a la persona que deberá ocupar ese cargo de la lista de candidatos proporcionada por la Comisión de Postulación. Si no existiera una lista disponible, el Congreso sería responsable de convocar un nuevo proceso de postulación.
En resumen, la nómina de candidatos de la cual fue seleccionada Consuelo Porras y de la cual debería surgir su sucesor es un elemento crucial en el proceso de selección del Fiscal General.