El intento de silenciar a los periodistas en Guatemala quedará marcado en la historia a través de las acciones de Alejandro Giammattei, presidente de la República; Consuelo Porras, fiscal general; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI, y Rafael Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Estos individuos han sido cómplices en la persecución de periodistas guatemaltecos y en la apertura de casos en contra de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien expuso la corrupción de aquellos que ahora lo persiguen. Su influencia se ha extendido a instituciones clave del país, incluyendo la Presidencia, el Congreso de la República, las cortes, el Ministerio Público (MP) y otras entidades de control estatal.
Condenan a José Rubén Zamora
En un controvertido juicio por lavado de dinero, denunciado por organizaciones internacionales de prensa, un tribunal condenó a José Rubén Zamora a seis años de prisión. El juez Otto Valvert anunció la sentencia contra fundador de elPeriódico, que cesó su circulación el 15 de mayo después de 27 años. A pesar de las esperanzas del periodista de ser absuelto en este juicio, catalogado como un «acto de intimidación» y una «caza de brujas» por las organizaciones de prensa, el fallo aún puede ser apelado.
En su comparecencia ante el tribunal, Zamora reveló que su esposa se había marchado a Estados Unidos por temor a ser arrestada, mientras que él mismo ha estado detenido durante casi 11 meses. Durante el juicio, la Fiscalía buscaba una sentencia de 40 años de prisión por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque el tribunal solo admitió los cargos de lavado de dinero y desestimó los otros dos, imponiendo además una multa de aproximadamente Q300 mil a Zamora.
La exfiscal Samari Gómez, juzgada con Zamora bajo la acusación de filtrarle informaciones, fue absuelta por el tribunal y recuperó su libertad de forma inmediata.
Curruchiche, incluido en la Lista Engel por supuestamente entrampar casos de alto impacto, mencionó que apelarán la sentencia y seguirán solicitando la pena de 40 años contra el periodista. “Esperaría que José Rubén Zamora sea incluído en la Lista Engel», aseveró.
En medio de denuncias de persecución y presión económica, el periódico fundado por Zamora en 1996 cerró definitivamente el 15 de mayo, habiendo dejado de circular en formato impreso en diciembre y manteniendo solo su edición digital. elPeriódico había recibido varios premios, incluido el reconocimiento como Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
Periodistas exiliados
Como resultado de la investigación de los procesos penales contra Zamora, algunos periodistas del medio se han visto obligados a exiliarse después de que se autorizara una investigación en su contra por parte de un juez. Además del caso de Zamora, el MP de Porras abrió otras dos investigaciones, una por presuntamente intentar obstaculizar una investigación por lavado de dinero y otra por el supuesto uso de firmas falsas en boletas de viaje al extranjero entre 2015 y 2017.
Zamora ha acusado al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso en su contra con el objetivo de silenciarlo debido a las publicaciones sobre corrupción en el gobierno.
Estos procesos judiciales han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Estados Unidos ha expresado su preocupación y ha condenado la criminalización de la labor periodística, afirmando que atenta contra las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión. Organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales también han denunciado el juicio contra Zamora, considerándolo un acto de intimidación y una caza de brujas.
Deterioro de la libertad de prensa
El caso de Zamora se enmarca en un contexto más amplio de deterioro de la libertad de prensa en Guatemala. Varios exfiscales y jueces que investigaron casos de corrupción han sido detenidos y acusados de abuso de autoridad. Según Human Rights Watch (HRW), ocho de ellos se encuentran en prisión y más de 30 se han visto obligados a exiliarse.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el juicio contra Zamora y la investigación en curso que involucra a otros ocho periodistas y columnistas del desaparecido diario. Considera que estas acciones constituyen un claro acto de intimidación contra el periodismo en Guatemala.
En definitiva, la persecución y los intentos de silenciar a los periodistas en Guatemala, encabezados por figuras como Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Rafael Méndez-Ruiz, quedarán registrados en la historia como un ejemplo del deterioro de la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos en el país.