Un escándalo sacude de nuevo el ámbito político de Guatemala, después de que se descubriera que Christian Andreé Natareno Juárez, un oficinista de la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estaba grabando ilegalmente conversaciones de magistrados y trabajadores del ente electoral con su teléfono celular. Lo más sorprendente es que el señalado tiene vínculos familiares con Rafael Curruchiche, el cuestionado jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Rafael Curruchiche ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por corrupción y antidemocracia. Bajo su liderazgo, la FECI ha perseguido a operadores anticorrupción, periodistas, magistrados electorales y jueces, muchos de los cuales se han visto obligados a exiliarse.
Denuncia de la presidenta del TSE
La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, no tardó en presentar una denuncia penal contra Natareno Juárez, destacando que este último realizaba grabaciones de audio de forma clandestina en la institución.
Según un artículo periodístico de Prensa Comunitaria, se confirmó que Christian Natareno Juárez tiene un vínculo familiar directo con el jefe de la FECI. Los datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) indican que es hijo de Anabella Natareno Juárez, hermana de Lorena Natareno Juárez, quien es esposa de Curruchiche.
Además, en el portal público de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), se encontró que Curruchiche incluyó a Christian Andreé en la dedicatoria de su tesis universitaria, donde consta que obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la Usac.
Persecución de la FECI al TSE
Este escándalo se suma a una serie de controversias que rodean al TSE en los últimos meses. En octubre de 2023, la institución denunció una intensificación de desinformación, manipulación de los hechos y ataques contra funcionarios en redes sociales, así como una filtración de información.
Más recientemente, el pasado 13 de febrero, el titular del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, también sancionado por la comunidad internacional, ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación contra la presidenta del TSE por supuesta obstrucción de justicia, en respuesta a una petición de la FECI.
Esta investigación surge del apoyo externado por Alfaro a las afueras del juzgado donde se llevaba a cabo una audiencia relacionada con el caso Semilla.
La fiscal Leonor Morales, en esa audiencia, expresó preocupación sobre el alcance de este apoyo y solicitó que se investigara si Alfaro estaba interfiriendo en el curso de la justicia.