La reciente decisión de reincorporar a Vitalina Orellana como jueza del Juzgado de Ejecución Penal de Delitos de Femicidio es un claro ejemplo de cómo las instituciones del sistema judicial guatemalteco siguen permitiendo que individuos cuestionados por corrupción mantengan influencia sobre el poder judicial.
Orellana, quien fue incluida en la lista Engel debido a su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020, regresa a un puesto de gran poder, el cual le concede derechos de antejuicio, protegiéndola de posibles investigaciones por los señalamientos que pesan sobre ella.
Vitalina Orellana y su cercanía con actores corruptos
El acta 15-2025 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue aprobada el 3 de abril de 2025, muestra una vez más cómo la justicia se ha convertido en una herramienta manipulada por intereses políticos y económicos.
Orellana, exmagistrada que ocupó su cargo durante nueve años, había estado en el ojo del huracán debido a su cercanía con figuras clave del poder judicial involucradas en escándalos de corrupción, como la expresidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés. Ambas magistradas fueron incluidas en una lista de funcionarios judiciales que, según denuncias, habrían mantenido reuniones con el empresario Gustavo Alejos, vinculado a varios casos de corrupción.
Es particularmente alarmante que Orellana haya logrado mantenerse en su puesto mucho después de la fecha en que originalmente debía haber dejado su cargo. El Congreso, controlado en ese entonces por aliados del expresidente Alejandro Giammattei, bloqueó la elección de sus reemplazos, lo que permitió que Orellana permaneciera en la magistratura durante cuatro años más, en un claro intento de proteger su influencia dentro del sistema judicial.
Un sistema judicial cooptado
Esta prolongación, como bien señalan diversas organizaciones de justicia y transparencia, no solo fue un despropósito, sino una violación al principio de renovación que debe regir en las instituciones públicas.
Además, la decisión de nombrarla nuevamente a la judicatura parece una respuesta directa a quienes han intentado desafiar el sistema judicial cooptado, como lo hizo la exjueza Erika Aifán en noviembre de 2021. Aifán presentó una recusación contra Orellana y Valdés, señalando que ambas no podían ser imparciales en los procesos en los que estaban involucradas.
La respuesta del sistema judicial a esa recusación fue la autoría de investigaciones contra jueces como Carlos Ruano, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, y la propia Aifán, lo que forzó a muchos de estos jueces a exiliarse debido a la criminalización de su labor.
El respaldo de Vitalina Orellana
Este nombramiento también fue respaldado por el presidente de la Cámara Penal, Gustavo Adolfo Morales Duarte, quien junto a otros siete magistrados impulsó la reincorporación de Orellana a la carrera judicial. Este respaldo político no es una coincidencia, sino una clara muestra de cómo el sistema judicial sigue siendo manejado por quienes tienen vínculos con las élites económicas y políticas del país.
Lo más preocupante de todo esto es el mensaje que envía esta decisión: en Guatemala, los funcionarios judiciales implicados en actos de corrupción pueden encontrar refugio en el mismo sistema que deben juzgar. La reincorporación de Orellana no solo refleja la falta de ética en el poder judicial, sino también la impunidad que se sigue permitiendo a quienes ocupan posiciones clave para el ejercicio de la justicia.
El artículo contiene información obtenida de Prensa Comunitaria.