La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), institución fundamental para la educación pública y la autonomía académica en el país, atraviesa una crisis institucional profunda bajo la gestión del rector de facto Walter Mazariegos. Más allá de las limitaciones formales, lo que se vive es un claro atropello a la autonomía universitaria y a los principios democráticos que deben regir en la máxima casa de estudios.
Un reciente y preocupante informe señala que más del 65 % de los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), órgano encargado de decisiones cruciales como la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, están pendientes de renovación.
Este retraso no es casual: se trata de una estrategia deliberada para mantener una mayoría sumisa y afín a Walter Mazariegos, que actualmente controla 26 de los 41 miembros del CSU. Esta mayoría ilegítima pone en jaque la legitimidad de todas las decisiones que tome el consejo, afectando desde procesos electorales hasta designaciones judiciales fundamentales para el país.
Acto descarado de imposición
Pero la estrategia de control no se limita a la esfera del CSU. En un acto descarado de imposición, Berner Alejandro García, abogado cercano a Walter Mazariegos, fue colocado como director de la Escuela de Ciencias Psicológicas sin ningún proceso de elección ni consulta con la comunidad universitaria. Esta imposición viola flagrantemente la autonomía y democracia interna de la escuela, pues García es ajeno a la carrera y a su comunidad académica.
Estudiantes, docentes y egresados han expresado su rechazo rotundo a esta maniobra que atenta contra el derecho a la participación y la representación legítima. Sus demandas exigen respeto por la autonomía universitaria y la inmediata remoción de una directiva impuesta desde el poder rectoral.
La USAC secuestrada por Walter Mazariegos
La USAC, otrora bastión de la resistencia y el pensamiento crítico en Guatemala, se ve hoy secuestrada por un rector que actúa como un autócrata. El silencio o la indiferencia frente a estas prácticas son cómplices de un deterioro que pone en riesgo no solo la institucionalidad universitaria, sino también la calidad y la justicia social que la USAC debe garantizar a las nuevas generaciones.
La comunidad universitaria y la sociedad en general deben exigir la renovación inmediata y transparente del CSU, la restitución de los procesos democráticos en todas las unidades académicas y el fin de la era Mazariegos, que solo ha significado retroceso, imposiciones y falta de legitimidad.
Walter Mazariegos no representa a la USAC ni a sus valores. Es hora de poner fin a su control autoritario y devolver la universidad al diálogo, la autonomía y la democracia que merece.