Guatemala recuerda este miércoles, 16 de abril de 2025, uno de los episodios más impactantes en su historia reciente: el descubrimiento del caso La Línea, una investigación que no solo destapó una estructura de defraudación aduanera dirigida desde las más altas esferas del poder, sino que también encendió la chispa de una movilización ciudadana sin precedentes y transformó el panorama político del país.
Diez años después de que el Ministerio Público, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hiciera pública la red de corrupción que operaba en las aduanas nacionales, el país aún vive las secuelas jurídicas, sociales y políticas de aquel golpe a la impunidad.
Caso La Línea: El día que todo cambió
La mañana del 16 de abril de 2015, agentes fiscales y policiales llevaron a cabo más de 20 allanamientos simultáneos y capturaron a funcionarios vinculados a una red que alteraba el pago de impuestos en las aduanas del país. Entre los primeros detenidos figuraban altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y tramitadores externos. Aquel día también se giró una orden de captura contra Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Horas más tarde, el MP y la CICIG ofrecieron una conferencia de prensa que marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción. La investigación, iniciada en 2014, reveló que la estructura criminal era jerárquica, organizada y altamente lucrativa, llegando hasta el binomio presidencial: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La caída del poder
La indignación ciudadana no se hizo esperar. Apenas días después, miles de guatemaltecos ocuparon la Plaza de la Constitución en la primera de muchas manifestaciones pacíficas contra la corrupción. El movimiento social creció y, con él, la presión sobre el Gobierno.
El 8 de mayo de 2015, Baldetti renunció. El 21 de agosto fue capturada. Poco después, el Congreso retiró la inmunidad al presidente Pérez Molina, quien presentó su renuncia el 2 de septiembre del mismo año. Ambos enfrentaron la justicia por delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Las condenas y absoluciones
A lo largo de estos diez años, decenas de implicados enfrentaron juicio. Algunos recibieron condenas, otros fueron absueltos. Entre los principales:
- Roxana Baldetti: condenada a 16 años y 8 meses de prisión, cumple su pena en Santa Teresita, aunque tiene permiso para salir por tratamiento médico.
- Otto Pérez Molina: recibió la misma pena, pero en enero de 2024 pagó una caución millonaria y obtuvo una medida sustitutiva.
- Juan Carlos Monzón y Salvador González «Eco»: colaboradores eficaces, aportaron pruebas clave. Ambos evitaron la cárcel.
- Álvaro Omar Franco y Carlos Muñoz, exjefes de la SAT: absueltos en 2022.
Otros funcionarios de la SAT y operadores externos recibieron condenas de entre 6 y 13 años de prisión, mientras que algunos fueron absueltos por falta de pruebas.
Un legado debilitado por la actual administración
La presentación del caso La Línea fue el mayor símbolo del potencial que tuvo Guatemala para combatir la corrupción estructural. Sin embargo, ese impulso se ha desvanecido en los últimos años. Desde la llegada de Consuelo Porras a la Fiscalía General en 2018, se ha desmantelado el legado de independencia judicial que construyeron valientes operadores de justicia. Porras ha sido señalada internacionalmente por obstaculizar investigaciones, perseguir a fiscales y jueces probos, y desmantelar los avances que, bajo su liderazgo actual, parecen cada vez más lejanos.
El juicio de la historia
Aunque el caso judicialmente aún genera reacciones —y en algunos puntos continúa—, el juicio político y social ya se ha pronunciado. Este caso no solo destapó la podredumbre en las aduanas del país; mostró cómo el poder era usado para enriquecerse a costa del erario público. También encendió una llama en la ciudadanía que aún sigue viva, a pesar del retroceso institucional.
El exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien conoció el caso en sus primeras etapas, fue uno de los rostros de esa etapa esperanzadora. Hoy, como muchos otros operadores de justicia, vive en el exilio, víctima de la persecución que ha caracterizado a los últimos años del Ministerio Público.
Diez años después, La Línea sigue siendo recordada como el caso que nos mostró lo que éramos capaces de enfrentar… y también lo fácil que se puede perder todo si las instituciones no se protegen.