En una decisión que marca un hito, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal anunció el 3 de enero de 2024 la liberación de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango. La medida fue dictada por orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), poniendo fin a casi dos años de privación de libertad en el centro preventivo Mariscal Zavala.
Laparra, conocida por su incansable lucha contra la corrupción, ha sido objeto de procesos judiciales tildados de persecución política. Las acusaciones surgieron a raíz de sus investigaciones que involucraron a prominentes figuras políticas y militares en casos de corrupción.
La juez Oly González, acatando la orden de la Cámara Penal emitida el 26 de diciembre de 2023, llevó a cabo la audiencia el pasado 2 de enero para resolver la situación de Laparra. La resolución exigía la cesación del encarcelamiento, siempre y cuando no estuviera privada de libertad en otro proceso en curso. A pesar de que se mencionó un segundo caso en Quetzaltenango, el Organismo Judicial confirmó que Laparra no estaba bajo prisión preventiva.
Virginia Laparra pasó 680 días privada de libertad
En la audiencia, Laparra, tras 680 días privada de libertad, solicitó medidas sustitutivas, solicitando, entre otras cosas, que no se le fijara fianza debido a las pérdidas económicas durante su detención en Mariscal Zavala.
La fiscal Brenda Maribel Guzmán Anavisca del Ministerio Público pidió imponer a Laparra el pago de Q15 mil, control telemático y la prohibición de salir del país, argumentando un «peligro de fuga» que no pudo justificar ante la jueza González.
Finalmente, la juez González, luego de un análisis exhaustivo, concedió la libertad a Laparra, estableciendo medidas como arresto domiciliario en Quetzaltenango, presentarse al MP cada 15 días y la prohibición de salir del país.
En la audiencia estuvo presente el equipo legal de Laparra, conformado por Wendy López, Cristina Alonzo y Herbert Pérez, quienes han defendido a operadores de justicia perseguidos por el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Presa de conciencia
En junio de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la detención de Laparra como arbitraria según el derecho internacional y exigió su liberación inmediata. Sin embargo, el Estado de Guatemala no emitió comentarios al respecto. Amnistía Internacional (AI) también la reconoció como presa de conciencia.
La exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Claudia González, quien lideró la defensa de Laparra desde el inicio del caso, también estuvo presente en la audiencia. Sin embargo, fue detenida el año pasado por una denuncia de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling, generando repudio a nivel nacional e internacional. Aunque recobró su libertad, continúa sujeta a proceso.
La ofensiva del MP de Porras inició una persecución penal contra Laparra después de que denunciara a Lesther Castellanos, entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por presuntas irregularidades. Durante el juicio, Castellanos acusó a Laparra de abuso de autoridad, y en diciembre de 2022, la jueza González la condenó a cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, una sentencia cuestionada nacional e internacionalmente por carecer de fundamentos legales.
En enero de 2023, durante una audiencia de revisión de medida sustitutiva, Laparra fue vinculada a otro proceso penal por supuestamente revelar información confidencial, un expediente que se tramita en Quetzaltenango, donde trabajó como fiscal.
Las acciones de Castellanos contra Laparra le valieron una sanción por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyéndolo en la Lista Engel, que identifica a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos». El juez Fredy Orellana y el fiscal Noé Rivera también fueron sancionados.
Alrededor de las 23:00 horas del 3 de enero de 2024, Virginia Laparra emergió de la prisión con los puños en alto, irradiando alegría en su rostro. La exfiscal anticorrupción celebró su liberación junto a familiares, amigos y la prensa, marcando el fin de 680 días tras las rejas en el Cuartel Matamoros.
Regresó a su hogar entre lágrimas de emoción y expresó su gratitud a quienes la apoyaron incondicionalmente:
«Gracias por aguantarme en mis peores momentos». Laparra confesó que nunca imaginó enfrentar una experiencia tan desafiante y reflexionó sobre la importancia de no utilizar el sistema de justicia para venganzas personales. Mientras abandonaba Matamoros, miró al cielo y compartió sus pensamientos: «Yo alcé a ver al cielo muchas veces cuando esta terrible noche empezó». Con estas palabras, Laparra concluye un capítulo doloroso de su vida, dejando un llamado a la reflexión sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de preservar la justicia para todos.»