El 13 de noviembre de 2024, el juicio contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo debía iniciar en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, pero, una vez más, el proceso se suspendió, reprogramándose para enero de 2025. Lo que parece un simple retraso administrativo en la judicialización de su caso es, en realidad, una nueva muestra de las maniobras perversas que persiguen a quienes han luchado contra la corrupción en Guatemala, especialmente cuando se trata de exfiscales anticorrupción como Campo.
El motivo de la suspensión se debe a un retardo malicioso por parte del Juzgado Noveno Penal, que no trasladó el expediente a tiempo, limitando la capacidad del Tribunal para notificar a las partes involucradas. Esto, unido al período de vacaciones del Organismo Judicial, dejó sin margen de acción para que el juicio comenzara a la fecha prevista, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 15 de enero de 2025.
Una maniobra orquestada desde el poder contra Stuardo Campo
Lo que a simple vista podría parecer un problema administrativo, se inserta en un contexto más amplio de criminalización de los operadores de justicia, en particular de los exfiscales anticorrupción. En este caso, la fiscal general, Consuelo Porras, junto a su círculo de jueces y fiscales sancionados por corrupción judicial, ha protagonizado una serie de maniobras legales que no son más que un intento de deslegitimar y desactivar a quienes, como Campo, han enfrentado la corrupción de forma frontal.
La propia fiscal Porras ha sido señalada, junto con su círculo cercano, de implementar retardo malicioso, un fenómeno que afecta gravemente la administración de justicia. El caso de Campo es solo un ejemplo más de este patrón: tras casi 15 meses de constantes suspensiones de audiencias y retrasos inexplicables, su proceso sigue siendo una pieza clave en la persecución judicial y política de los fiscales anticorrupción.
Campo, quien fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción de 2016 a 2021, y luego encargado de la unidad contra el tráfico ilícito de migrantes, fue detenido el 23 de mayo de 2023 tras una orden de captura derivada del caso Alfa Siete, en el que se le acusa de incumplimiento de deberes. Aunque en un principio se le sindicó de abuso de autoridad, el juzgador no encontró indicios suficientes para continuar con este cargo, limitándose únicamente al incumplimiento de deberes. Sin embargo, las audiencias se suspendieron una y otra vez, bajo excusas legales que han retrasado su proceso hasta este punto.
El desdén hacia la justicia
Lo más grave de todo esto es que la defensa de Campo, que incluye su medida sustitutiva, sigue siendo bloqueada por el mismo sistema judicial que, en lugar de administrar justicia de manera justa y eficiente, se ve arrastrado por los intereses políticos y personales de quienes buscan frenar los esfuerzos anticorrupción. A pesar de que el Tribunal Décimo de Sentencia podría haberle otorgado una audiencia para concederle la medida sustitutiva, la recusación presentada contra los jueces lo ha hecho imposible. Como señaló el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón, la única esperanza que queda es que la Corte Suprema de Justicia resuelva el amparo que fue presentado, permitiendo que el proceso avance sin más obstrucciones.
Este tipo de retardo malicioso no es nuevo, ni aislado. En el caso de Campo, la suspensión de su juicio se suma a las decenas de audiencias suspendidas por excusas similares, las cuales se suman a las acusaciones que lo vinculan a otros casos de alto perfil como Bitkov y Tamaulipas. Pero el claro objetivo de estas tácticas es uno solo: desestabilizar y deslegitimar a aquellos que han luchado por la justicia y contra la corrupción.
Un futuro incierto pero necesario
El proceso judicial contra Stuardo Campo, como tantos otros, sigue marcado por la incertidumbre y la injusticia. Sin embargo, es fundamental que el sistema judicial guatemalteco se resista a estos intentos de manipulación y siga el curso que la ley exige. Solo de esta manera se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y demostrar que, a pesar de los obstáculos impuestos por los sectores de poder, la lucha contra la corrupción sigue viva y tiene el respaldo de quienes defienden la justicia.
En este contexto, es necesario que se detengan los ataques a los exfiscales anticorrupción y a los operadores de justicia que luchan por un sistema más limpio y equitativo. El retardo malicioso contra Campo no es solo un ataque personal, sino una estrategia orquestada para impedir el avance de la justicia en Guatemala. Mientras tanto, la sociedad espera que, con el tiempo, la verdad prevalezca y que los responsables de estos actos de obstrucción rindan cuentas ante la ley.