A partir del 14 de abril de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) entra en su último año de periodo con un relevo clave en su presidencia: Leyla Lemus Arreaga, magistrada designada por el expresidente Alejandro Giammattei, asume la dirección del máximo tribunal constitucional del país. Su llegada no solo marca un cierre de ciclo para la Corte actual, sino también revive cuestionamientos sobre su independencia, trayectoria y vínculos con estructuras de poder cuestionadas.
De secretaria de Giammattei a magistrada de la CC
Doctora en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Lemus fue una figura poco conocida hasta que, en 2020, ocupó el cargo de Secretaria General de la Presidencia bajo el gobierno de Alejandro Giammattei. En ese puesto, su ascenso fue promovido no solo por el entonces presidente, sino también por su mano derecha, Miguel Martínez, el poderoso operador del extinto Centro de Gobierno.
Pero su paso por la Secretaría no estuvo exento de polémicas. Ese mismo año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investigaba una posible conspiración para remover al entonces presidente del IGSS, Carlos Contreras, y Lemus era una de las funcionarias bajo escrutinio. Fue señalada por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad. La fiscalía advirtió que, pese a requerimientos legales, Lemus no estaba proporcionando la información solicitada en el caso.
La entonces fiscal general Consuelo Porras no solo evitó impulsar el antejuicio en su contra, sino que decidió quitarle el caso a la FECI. Esta intervención benefició directamente a Lemus y sepultó la investigación, consolidando la impunidad en torno a los hechos.
La designación exprés
El 10 de marzo de 2021, a pocos días de dejar el gobierno, Giammattei y su Consejo de Ministros nombraron a Leyla Lemus como magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad, en representación del Organismo Ejecutivo. Su nombramiento generó fuertes críticas por la ausencia de transparencia en el proceso y por su cercanía evidente al poder político.
Esta designación fue interpretada como parte de la estrategia de Giammattei para mantener el control del aparato judicial más allá de su mandato. Lemus, sin trayectoria constitucional ni independencia probada, llegaba a un cargo clave en un contexto de creciente cooptación institucional.
El amparo que consolidó la reelección de Porras
En 2022, la Corte de Constitucionalidad —ya con Lemus como integrante— resolvió uno de los fallos más polémicos de los últimos años: un amparo provisional que obligó a incluir a Consuelo Porras en la nómina final de candidatos a fiscal general, a pesar de haber sido descartada por la Comisión de Postulación.
Dicho fallo, firmado por los magistrados Dina Ochoa, Néster Vásquez, Leyla Lemus, Rony López y Walter Jiménez, fue determinante para que Porras pudiera aspirar —y eventualmente ser reelecta— para un segundo período al frente del Ministerio Público. Un favor político que cerró el círculo de beneficios mutuos entre Porras y Lemus: una archivó la investigación que la podía comprometer, y la otra aseguró su permanencia en el cargo.
¿Qué se puede esperar de su presidencia?
Con su historial de favores cruzados, falta de independencia probada y vínculos estrechos con una red de actores señalados por debilitar el Estado de Derecho en Guatemala, la presidencia de Leyla Lemus en la Corte de Constitucionalidad no genera confianza.
Si bien en diciembre de 2023 denunció haber sido víctima de un atentado —cuando una patrulla policial asignada a su seguridad fue incendiada— y desde entonces cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cierto es que la magistrada no ha rendido cuentas claras sobre los motivos detrás del ataque ni ha explicado su rol dentro de una Corte señalada por avalar resoluciones polémicas y favorecer la impunidad.
El silencio en torno a sus vínculos políticos y su participación en resoluciones que han favorecido a actores como Porras y Giammattei la convierten en una figura poco confiable para dirigir un órgano que debería representar el último bastión de la constitucionalidad. Más allá del discurso institucional, lo que queda claro es que Lemus no llega con un historial de defensa del Estado de Derecho, sino con un expediente de favores políticos, blindajes judiciales y silencios estratégicos. Un perfil que no inspira confianza en una Corte que ya ha perdido gran parte de su legitimidad ante la ciudadanía.