La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) emitió una alerta urgente por la persecución penal ilegítima impulsada por el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras en contra de los periodistas Juan Luis Font (actualmente en el exilio) y Sonny Figueroa, así como por el hostigamiento digital y las campañas de desinformación promovidas desde cuentas anónimas vinculadas al netcenter oficialista, que tienen como blanco a comunicadores críticos del régimen.
La organización también denunció un incremento preocupante en los mensajes de odio y amenazas contra los periodistas Nelton Rivera, cofundador de Prensa Comunitaria, y Marvin del Cid, ambos señalados por su trabajo de investigación que ha expuesto redes de corrupción, espionaje ilegal y cooptación institucional.
¿Quién está detrás de las amenazas?
La RCP apunta directamente al Ministerio Público de Consuelo Porras como actor clave en la criminalización sistemática de periodistas independientes, y señala a cuentas anónimas en redes sociales, parte de un netcenter coordinado desde estructuras ligadas al poder, que han tenido como modus operandi la difusión de información bajo reserva, amenazas veladas, campañas de desprestigio y ataques personales contra periodistas.
Este sistema —que opera desde el anonimato, pero con patrones repetitivos de coordinación— ha sido denunciado desde hace años por diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Los ataques son amplificados por perfiles falsos y cuentas automatizadas, muchas de las cuales repiten los mismos mensajes para posicionar narrativas que desacrediten el trabajo periodístico independiente.
El uso del Ministerio Público como arma de persecución de Periodistas
La denuncia no es aislada. A lo largo de los últimos años, bajo el mandato de Porras, el Ministerio Público ha utilizado procesos penales espurios para acosar a fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y ahora, más intensamente, a periodistas. Lo que debería ser una institución de justicia se ha convertido en una herramienta para el silenciamiento, la intimidación y la censura.
“Estas acciones no solo violentan la libertad de prensa, sino que representan un grave retroceso democrático en Guatemala”, señala la alerta de la RCP, que ya ha sido respaldada por colectivos de prensa nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas.
Exilio, censura y criminalización
- Juan Luis Font, periodista de reconocida trayectoria, tuvo que salir del país tras ser incluido en una investigación penal impulsada por la FECI de Rafael Curruchiche, en una maniobra ampliamente criticada por la comunidad internacional.
- Sonny Figueroa, fundador de Vox Populi, ha sido víctima de vigilancia, amenazas físicas y judicialización.
- Marvin del Cid, también fundador de Vox Populi, ha denunciado que su labor de investigación ha sido blanco constante de ataques digitales.
- Nelton Rivera, cofundadores de Prensa Comunitaria, enfrenta amenazas por su cobertura de temas indígenas y amenazas mediáticas que han escalado con mensajes directos.
Las denuncias no son nuevas, pero se intensifican. El patrón es claro: silenciar a periodistas quienes informan, exponen y documentan la corrupción. La estructura de impunidad encabezada por Consuelo Porras, respaldada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y amplificada por una red de netcenters financiados con recursos oscuros, busca imponer un solo relato: el de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, los periodistas y el periodismo independiente siguen resistiendo con precariedad, sin garantías de seguridad ni protección judicial. Las campañas de odio, la desinformación y el uso del aparato de justicia para perseguir voces críticas amenazan con desmantelar por completo los espacios de denuncia en Guatemala.