Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes indígenas detenidos desde hace meses por su participación en protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales, fueron objeto de un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Cinco relatores especiales advirtieron al Estado guatemalteco sobre el uso de leyes antiterroristas en su contra.
La comunicación, enviada el 5 de septiembre de 2025, cuestiona que los delitos imputados —terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal— estén redactados de forma tan amplia que permiten su aplicación arbitraria. Según los expertos, esto no solo vulnera el debido proceso, sino también la libertad personal, la seguridad jurídica y el derecho a un juicio justo.
El documento fue suscrito por Albert K. Barume, Irene Khan, Gina Romero, Margaret Satterthwaite y Ben Saúl, relatores con mandatos en temas como pueblos indígenas, libertad de expresión, independencia judicial y derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
ONU cuestiona proceso contra autoridades indígenas
Los especialistas alertaron que la prisión preventiva contra Pacheco y Chaclán parece estar directamente vinculada a su labor como defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias. En el caso de Chaclán, incluso se reportó que fue privado de acceso al expediente judicial y a una defensa adecuada durante el allanamiento que culminó en su arresto.
Además, el pronunciamiento advierte sobre un patrón más amplio: el uso de la legislación antiterrorista para castigar manifestaciones pacíficas, como bloqueos de carreteras, lo cual no debería ser considerado un acto criminal sino un ejercicio de derechos colectivos. También expresaron preocupación por la estigmatización de las formas de organización indígena, que desde las instituciones son señaladas como violentas o criminales.
La ONU solicitó a Guatemala información detallada sobre ambos casos y exhortó a esclarecer las denuncias planteadas. Mientras tanto, Pacheco y Chaclán continúan en prisión preventiva, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre la forma en que el sistema de justicia aborda la protesta social.