La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto tres resoluciones judiciales que habían ordenado el retorno a prisión preventiva del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien permaneció más de tres años privado de libertad sin que las acusaciones en su contra fueran comprobadas.
La decisión se produjo luego de que el comunicador presentara un recurso ante la Cámara de Amparos del alto tribunal. Fuentes judiciales confirmaron que la CSJ consideró que las decisiones emitidas en 2025 por la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones carecían de sustento legal suficiente y, por lo tanto, resultaban irregulares.
En su resolución, la Corte concluyó que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso, al señalar que las resoluciones que ordenaron su reingreso a prisión preventiva no contaban con una adecuada fundamentación jurídica y podían calificarse como ilegítimas y arbitrarias.
Libertad de Zamora
Zamora recuperó su libertad el pasado 12 de febrero por orden de un juez, tras permanecer más de tres años en prisión preventiva desde su detención en 2022. Sin embargo, durante 2025 había obtenido una breve excarcelación que fue revertida posteriormente por las salas de apelaciones, lo que lo llevó nuevamente a la cárcel.
El periodista es fundador y exdirector del desaparecido diario elPeriódico, medio que durante años publicó investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y estructuras de poder en el país. Su captura se produjo bajo señalamientos de supuesto lavado de dinero, en un caso que generó fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa.
Persecución contra Zamora
Diversos sectores consideraron el proceso como una represalia por las investigaciones periodísticas publicadas durante la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei. La acusación fue impulsada por el Ministerio Público, cuya cúpula, incluida la fiscal general Consuelo Porras, ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción y por socavar procesos democráticos.
La anulación de los fallos representa un nuevo giro en uno de los casos judiciales más controvertidos de los últimos años en Guatemala y reabre el debate sobre la independencia judicial y la situación de la libertad de expresión en el país.