El Ministerio Público (MP) prohibió a fiscales y personal de la institución utilizar información relacionada con investigaciones, actuaciones procesales o actividad institucional para realizar publicaciones en redes sociales, plataformas digitales o cualquier otro medio de divulgación no autorizado.
La decisión surge luego de años en los que fiscales como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso utilizaron sus cuentas en redes sociales para pronunciarse sobre casos bajo investigación, divulgar información institucional y lanzar señalamientos contra periodistas, activistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y críticos de la anterior administración del MP.
La nueva disposición fue impulsada por el fiscal general Gabriel García Luna, quien cuestionó públicamente que integrantes del ente investigador trasladaran el litigio y discusiones institucionales a redes sociales.
“No trasladar el litigio a redes sociales”
Según explicó García Luna, existe una prohibición para compartir contenido relacionado con procesos del MP, ya que este tipo de publicaciones podría vulnerar principios éticos que deben regir la función fiscal.
La medida fue comunicada mediante una circular enviada a todo el personal de la institución, en la que se advierte que, sin excepción alguna, queda prohibido utilizar información derivada del ejercicio de funciones institucionales para difundir contenido en medios físicos, digitales, redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro mecanismo no autorizado.
El documento también prohíbe realizar alusiones, referencias o manifestaciones, explícitas o implícitas, relacionadas con la actividad fiscal o actuaciones procesales.
Buscan evitar uso político y personal del MP
La circular señala que estas restricciones buscan impedir que la información institucional sea utilizada con fines políticos partidarios o intereses personales.
Además, el documento enfatiza que este tipo de acciones desvirtúan el carácter “objetivo, imparcial e independiente” que debe mantener el Ministerio Público conforme a su Ley Orgánica y el Código de Ética institucional.
Durante la gestión de Consuelo Porras, distintos sectores nacionales e internacionales cuestionaron el uso de plataformas digitales por parte de algunos fiscales para emitir mensajes relacionados con investigaciones en curso y confrontaciones públicas contra sectores críticos del MP.
Con la nueva disposición, la actual administración busca marcar distancia de esas prácticas y reforzar el manejo institucional de la información vinculada a procesos judiciales.