La administración de Walter Mazariegos enfrenta un nuevo escándalo. Al menos 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) denuncian que sus registros académicos desaparecieron de los sistemas universitarios, una situación que les impide inscribirse al segundo semestre de 2026.
El dato más preocupante es quiénes aparecen entre los afectados: dirigentes estudiantiles, defensores de la autonomía universitaria, integrantes de organizaciones y estudiantes que han cuestionado públicamente la llegada de Mazariegos a la Rectoría. También hay personas que participaron en procesos electorales internos de la Usac.
La coincidencia plantea una pregunta que la administración universitaria no puede esquivar: ¿por qué los expedientes desaparecieron precisamente en medio de una disputa política y judicial por el control de la Universidad de San Carlos?
En riesgo el futuro universitario
Para los estudiantes afectados, no se trata de un simple error administrativo. La desaparición de un registro académico puede bloquear la inscripción, interrumpir una carrera y poner en riesgo el futuro universitario de una persona. Cuando los afectados son, además, críticos de la administración de turno, la sospecha de represalia adquiere una gravedad que exige una explicación inmediata.
El diputado José Chic calificó lo ocurrido como una política de represión y presentó una denuncia contra el jefe del Departamento de Registro y Estadística y el jefe de Registro de Datos.
Presidente se pronuncia ante situación de la USAC
El presidente Bernardo Arévalo también cuestionó que estudiantes puedan enfrentar consecuencias por expresar opiniones críticas sobre el proceso de elección del rector o defender la autonomía universitaria.
Mazariegos ha construido una administración marcada por cuestionamientos, conflictos y acusaciones de utilizar el poder institucional para consolidar su control sobre la Usac. Ahora, la desaparición de expedientes de estudiantes opositores abre un nuevo capítulo.
Sin postura de la PDH
Mientras estudiantes denuncian la desaparición de sus registros académicos y señalan represalias por su postura crítica frente a la administración de Mazariegos, el silencio de Alejandro Córdova, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), también resulta cuestionable.
Hasta ahora, el funcionario no se ha pronunciado sobre el caso, como si la posible vulneración de los derechos de decenas de estudiantes de la Usac no fuera un asunto de su competencia.
Frente a una denuncia que afecta el derecho a la educación y que podría estar relacionada con represalias políticas dentro de la universidad, la ausencia de la PDH deja una pregunta incómoda: ¿dónde está la institución encargada de defender los derechos humanos?