La Procuraduría de los Derechos Humanos nació para actuar cuando los derechos de las personas están en riesgo, no para esperar cómodamente detrás de un escritorio a que las víctimas llenen formularios. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha transmitido José Alejandro Córdova durante la crisis que enfrentan más de 40 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes denuncian la desaparición de sus registros académicos y la imposibilidad de continuar sus estudios.
Mientras los universitarios denuncian que sus expedientes fueron eliminados del sistema y señalan que se trata de represalias por cuestionar la administración de Walter Mazariegos, el Procurador ha brillado por su ausencia. No llegó al campus. No verificó personalmente las denuncias. No encabezó ninguna diligencia pública. No exigió respuestas inmediatas a las autoridades universitarias.
Su reacción se limitó a responder un oficio enviado por la Vicepresidencia de la República solicitando los nombres de los estudiantes para «individualizar» los casos. Una respuesta burocrática frente a una denuncia que desde hace días era pública, ampliamente documentada y conocida por todo el país.
¿Qué esperaba el Procurador?
La explicación resulta difícil de comprender tratándose del funcionario cuya obligación constitucional es prevenir violaciones a los derechos humanos. La PDH no existe únicamente para recibir expedientes; también tiene la facultad de actuar de oficio cuando existen indicios de una posible vulneración de derechos fundamentales.
Más preocupante aún fue conocer, durante una citación en el Congreso, que la propia subdirectora de la institución confirmó que Alejandro Córdova no se había presentado ni una sola vez a la USAC para verificar lo que estaba ocurriendo.
¿Qué esperaba el Procurador? ¿Que los estudiantes perdieran el semestre? ¿Que el conflicto desapareciera por sí solo? ¿O simplemente decidió mantenerse al margen de una de las mayores crisis universitarias de los últimos años?
Estudiantes necesitan acciones
Cuando la máxima autoridad de la institución encargada de defender los derechos humanos permanece ausente ante denuncias que ponen en riesgo el derecho a la educación de decenas de estudiantes, es inevitable preguntarse si la Procuraduría está cumpliendo con el papel para el que fue creada.
Los estudiantes no necesitaban una carta pidiendo más datos. Necesitaban un Procurador presente, verificando los hechos, escuchando a las víctimas y utilizando todas las herramientas que la ley pone a su disposición.
Porque los derechos humanos no se defienden desde la comodidad de un oficio. Se defienden donde ocurren las violaciones.