La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó tres acciones de amparo presentadas por Camilo García, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien buscaba dejar sin efecto la expulsión que le impuso el Consejo Superior Universitario (CSU) y continuar con sus estudios.
La resolución fue respaldada por los magistrados Roberto Molina Barreto, Julia Rivera y Claudia Paniagua. Sin embargo, la participación de Rivera generó cuestionamientos debido a que su exesposo, Luis Cordón, ocupa el cargo de secretario general de la USAC, una de las instituciones señaladas dentro de los procesos legales promovidos por García.
En contraste, la magistrada Astrid Lemus decidió apartarse de los expedientes relacionados con este caso, debido a que anteriormente fungió como abogada de García, lo que la llevó a excusarse para evitar intervenir en la resolución.
Las acciones analizadas por la CC estaban dirigidas contra el Consejo Superior Universitario, el secretario general de la universidad y el Juzgado Segundo del Juzgado Primero Penal. En ellas se cuestionaban aspectos relacionados con la expulsión del estudiante y la admisión de una impugnación dentro de un proceso penal vinculado.
El origen del conflicto
El caso de Camilo García se remonta al 12 de octubre de 2022, cuando participó en una sesión del Consejo Superior Universitario en medio de la crisis interna que atravesaba la USAC por la elección del rector.
Durante esa reunión, García manifestó su rechazo al proceso electoral universitario, al que calificó de irregular. Además, cuestionó las acciones que las autoridades universitarias pretendían impulsar frente a estudiantes que mantenían una postura de resistencia dentro de las instalaciones.
García, quien en ese momento era representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y cursaba el octavo semestre de la carrera de Química, señaló que sus declaraciones fueron tomadas como motivo para iniciar acciones en su contra.
García calificó de «cobardes» las medidas
El 27 de enero de 2023, el CSU aprobó su expulsión luego de que el estudiante calificara como «cobardes» algunas medidas que las autoridades universitarias analizaban contra estudiantes que tenían tomadas las instalaciones de la universidad.
Tras la decisión, García acudió a instancias judiciales y presentó acciones de amparo ante juzgados y la CC con el objetivo de revertir la sanción y recuperar su derecho a continuar sus estudios.
Con la resolución emitida por la máxima corte constitucional, las acciones legales promovidas por el estudiante fueron rechazadas y se mantiene vigente la decisión adoptada por el CSU.