La decisión de la jueza María Benilda Sandoval de rechazar las órdenes de captura solicitadas contra los exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el rumbo de una investigación que buscaba llevar ante la justicia a dos figuras señaladas por organizaciones nacionales e internacionales por su papel dentro del Ministerio Público durante los últimos años.
El MP, dirigido por el fiscal general Gabriel García Luna, había solicitado las órdenes de captura como parte de una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos. Sin embargo, la resolución judicial impidió que, por ahora, el ente investigador ejecutara las acciones que pretendía contra ambos exfuncionarios.
Protegidos por Fredy Orellana
Según la investigación del MP, Curruchiche es señalado por un supuesto uso indebido de bienes institucionales y por la utilización de información reservada del Ministerio Público. Mientras que a Sánchez se le atribuyen presuntos allanamientos ilegales.
La decisión judicial ocurre en medio de una serie de obstáculos que la Fiscalía ha enfrentado para avanzar contra Curruchiche. Uno de los puntos más cuestionados fue la intervención del juez Fredy Orellana, quien como contralor del caso dejó sin efecto diligencias que ya habían sido autorizadas por otra jueza.
Orellana revocó un allanamiento y una citación a primera declaración contra Curruchiche, medidas que habían sido autorizadas previamente. Con esa resolución, frenó las primeras acciones que el Ministerio Público pretendía realizar en la fase inicial de la investigación.
Podrían evadir la justicia
Para la Fiscalía, el rechazo de las órdenes de captura representa un riesgo, pues considera que los señalados podrían evadir la justicia u obstaculizar la investigación debido a la influencia que aún podrían mantener dentro de la institución.
Curruchiche fue uno de los rostros más visibles de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante la administración de Consuelo Porras. Tras la salida de Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio, asumió la conducción de esa fiscalía y posteriormente fue sancionado internacionalmente bajo señalamientos relacionados con corrupción y acciones contra operadores de justicia.
Sánchez también fue sancionado internacionalmente y estuvo al frente de fiscalías que impulsaron procesos polémicos, entre ellos el caso Toma USAC, denunciado por sectores universitarios como una persecución contra estudiantes y docentes.
El rechazo de las órdenes de captura mantiene abierta la disputa entre el Ministerio Público y las decisiones judiciales que han frenado las acciones contra antiguos funcionarios señalados de participar en hechos que ahora son investigados.