Cada 30 de noviembre, Guatemala conmemora el Día del Periodista, una fecha que, en lugar de ser motivo de celebración, se ha convertido en un recordatorio sombrío de los crecientes ataques a la libertad de prensa en el país. En la última semana, los ataques a periodistas se han incrementado de manera alarmante, en su mayoría orquestados desde el mismo corazón del poder judicial: el Ministerio Público (MP). Esta situación se da bajo el mando de Consuelo Porras y su mano derecha, Ángel Pineda, secretario general de la entidad. En un contexto tan tenso, el colectivo #NoNosCallarán alertó sobre al menos cuatro agresiones a comunicadores en un lapso de 24 horas.
Ataques institucionales a la prensa
El caso más reciente de esta embestida institucional contra los periodistas tiene nombre y apellido: Consuelo Porras. En su última rueda de prensa, la fiscal general de Guatemala se presentó como una defensora de las puertas abiertas para la prensa. Sin embargo, esa supuesta apertura quedó en evidencia como una falacia cuando se negó el acceso a periodistas de medios como La Hora, eP Investiga y Emisoras Unidas a una conferencia que no fue convocada formalmente.
Pero los ataques no quedaron ahí. El secretario general del MP, Ángel Pineda, fue quien intensificó la tensión, amenazando con “consecuencias legales” cuando los periodistas independientes Sonny Figueroa y Marvin del Cid intentaron cuestionar las investigaciones de corrupción que rodean al gobierno de Alejandro Giammattei. Este tipo de intimidación no solo vulnera los derechos de los comunicadores, sino que también atenta contra el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala, así como contra los tratados internacionales que garantizan el derecho a la información.
En la misma conferencia, Porras no dudó en intimidar a la periodista Leslie Sánchez de Prensa Libre y Guatevisión, ordenando registrar su nombre después de que ella cuestionara las filtraciones de casos del MP en las redes sociales. Este acto de hostigamiento muestra un patrón sistemático de hostilidad por parte de las autoridades hacia la prensa que busca revelar la verdad.
Violencia física y persecución penal
El clima de agresión no solo se limita a las amenazas verbales. Un caso particularmente grave involucró al fotoperiodista Omar Solís, quien fue agredido por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por el controvertido Joviel Acevedo, mientras cubría una marcha. Esta es solo una de las muchas agresiones físicas que los periodistas deben enfrentar al cumplir con su labor, especialmente cuando las coberturas afectan a grupos poderosos en el país.
Uno de los casos más preocupantes de la última semana es la persecución judicial contra el periodista Diego España de La Hora. El comunicador ha sido objeto de denuncias infundadas, promovidas por dos fiscalías del MP, lo que claramente vulnera su derecho constitucional a ejercer el periodismo.
La situación de España se agrava aún más al conocerse que Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha presionado a la Fiscalía de la Mujer para criminalizarlo.
Según documentos filtrados, Curruchiche exige que las denuncias contra España no queden impunes, todo esto tras la revelación de una reunión secreta entre la cuestionada jueza Abelina Cruz y la fiscal de la FECI, Sofía Castillo. Este tipo de persecución es un claro ejemplo de cómo el aparato estatal se utiliza para silenciar a quienes desafían al poder y denuncian actos de corrupción.
En este contexto, también cabe destacar el caso de José Rubén Zamora, periodista que pasó más de 800 días en prisión y, aunque actualmente goza de libertad condicional, una sala revocó este beneficio, lo que subraya el clima de persecución al periodismo en Guatemala.
Condenas y llamados internacionales
La creciente violencia y represión contra los periodistas en Guatemala ha sido condenada tanto a nivel nacional como internacional. La Asociación de Periodistas de Guatemala ha expresado su preocupación y rechazo ante estos ataques, aunque la mayoría de ellos siguen impunes, lo que agrava la situación. Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras, han expresado su solidaridad con los periodistas guatemaltecos y han denunciado las agresiones y la creciente falta de garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
A pesar de las condenas, el MP sigue actuando con impunidad, persiguiendo a quienes se atreven a señalar la corrupción y el abuso de poder. Esta situación es un claro recordatorio de la peligrosa brecha que se está abriendo entre el derecho a la libertad de expresión y los intereses políticos y económicos que predominan en las altas esferas del poder en Guatemala.