Una de las investigaciones más relevantes derivadas del caso «La Línea», que evidenció la red de defraudación aduanera durante el gobierno de Otto Pérez Molina, fue el denominado Caso Bufete de la Impunidad. Este caso reveló cómo abogados y jueces negociaban resoluciones judiciales a cambio de sobornos, en un esquema que comprometía directamente a operadores de justicia.
Todo comenzó en 2015, cuando interceptaciones telefónicas legales permitieron descubrir que Luis Mendizábal, operador político conocido, y José Arturo Morales Rodríguez, abogado, coordinaban la obtención de medidas sustitutivas para sindicados recién capturados. Entre ellos se encontraban Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González, alias «Eco», personajes clave en el caso La Línea.
Las escuchas revelaron que los implicados en la red de defraudación aduanera pagaron fuertes sumas de dinero para obtener su libertad a través de decisiones judiciales amañadas. La jueza Marta Sierra de Stalling fue quien otorgó las medidas, sin apego a la ley, tras recibir —según la investigación— un soborno de Q18,786.31, equivalente a más de US$244 mil. Su hijo, el abogado Roberto Stalling Sierra, habría facilitado los contactos entre los abogados y su madre, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Protecciones y retrocesos
En 2015, la CICIG y la FECI presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza. La investigación logró documentar que, en este caso, los imputados no solo retiraron dinero para sus fianzas, sino también para pagar el soborno directamente. El entonces comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, señaló que el bufete operaba como una estructura diseñada para manipular el sistema judicial en beneficio de criminales, utilizando influencias y sobornos.
En 2017, el caso quedó en manos del Juzgado Tercero Penal, dirigido por el juez Mynor Moto, quien dictó un sorpresivo sobreseimiento alegando falta de pruebas. Esta resolución fue anulada en 2021 por la Sala Cuarta de Apelaciones, que ordenó llevar a juicio a los acusados, incluidos los abogados, Marta Sierra de Stalling y su hijo.
Sin embargo, con la llegada de Consuelo Porras a la cabeza del Ministerio Público, la causa perdió impulso. A pesar de que varios de los implicados enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, el juicio aún no ha comenzado. Porras, sancionada internacionalmente por obstaculizar investigaciones de corrupción, desmanteló a la FECI original y frenó el avance de numerosos casos.
La jueza Sierra de Stalling, separada del cargo por sus acciones, falleció antes de enfrentar juicio. Su muerte fue confirmada por el Organismo Judicial, y se presume que fue por un paro cardíaco.
El ascenso y caída de Mynor Moto
Una pieza clave en el estancamiento del caso fue el juez Mynor Moto, ahora prófugo de la justicia. Moto acumuló resoluciones polémicas que beneficiaron a sindicados en casos de alto impacto, como el asesinato de Rodrigo Rosenberg, el caso del exalcalde Arnoldo Medrano y el del diputado Felipe Alejos.
Moto intentó obtener inmunidad al ser elegido por el Colegio de Abogados como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, al no completar el proceso legal de juramentación y toma de posesión, su inmunidad fue revocada. En 2021, se giró una orden de captura en su contra por su involucramiento en el caso Comisiones Paralelas 2020, una red de negociación ilícita para influir en el nombramiento de magistrados.
Una fotografía publicada evidenció su cercanía con Gustavo Alejos, operador de esta estructura. Moto incluso intentó apartar a la jueza Erika Aifán del caso, argumentando dudas sobre la competencia de su juzgado, maniobra que no prosperó.
¿En qué quedó el Bufete de la Impunidad?
Hoy, el caso sigue estancado como muchos otros. El Ministerio Público, bajo el mando de Consuelo Porras y del actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, ha priorizado la persecución de fiscales independientes, jueces y periodistas, mientras casos emblemáticos como este se congelan o se desvanecen.
Lo que comenzó como una oportunidad para limpiar el sistema de justicia y sentar precedentes contra la corrupción estructural ha terminado convertido en un ejemplo más de impunidad. Como expresó el excomisionado de la CICIG, Velásquez:
“Que los jueces vendan sus decisiones genera una gran tristeza”.
En Guatemala, la justicia sigue siendo negociable para quienes tienen dinero e influencias. Y el Bufete de la Impunidad sigue siendo un símbolo de cómo el sistema puede ser cooptado desde adentro.