En una investigación que dejó en evidencia el uso corrupto del poder político en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) documentaron la forma en que diputados del Congreso respondían directamente a los intereses del Ejecutivo, en una operación liderada por la entonces vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. Se trata del caso «Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo», presentado en mayo de 2019 y actualmente estancado.
Las investigaciones revelaron que, entre 2012 y 2015, diputados de la bancada del Partido Patriota recibían instrucciones directas de Baldetti sobre cómo votar en las sesiones plenarias. Estas directrices eran dadas en reuniones previas a las sesiones, donde se discutía el rumbo que debía tomar la bancada en función de intereses personales, partidistas y empresariales.
A cambio de su obediencia, los diputados habrían recibido pagos bimensuales de Q50,000, entregados en efectivo y transportados en maletas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta. El dinero provenía, según la investigación, de altos directivos de la empresa TIGO, entre ellos Acisclo Valladares Urruela (posteriormente ministro de Economía) y Luis Fernando Valladares Guillén, quienes habrían hecho los pagos en las oficinas de la compañía.
Los implicados y las acciones legales
Una de las principales consecuencias de esta compra de voluntades fue la aprobación del Decreto 12-2014, mejor conocido como “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”, una normativa que beneficiaba directamente a TIGO.
En su momento, la FECI —bajo el mando del exfiscal Juan Francisco Sandoval— presentó solicitudes de antejuicio contra siete diputados, además del propio Acisclo Valladares Urruela. La fiscalía documentó que esta estructura buscaba influir en la función legislativa mediante sobornos, lo cual representaba un quiebre constitucional al subordinar un poder del Estado a otro.
Entre los implicados figuran:
- Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía
- Roxana Baldetti, exvicepresidenta de la República
- Estuardo Galdámez, exdiputado
- Boris España, exdiputado
- Otros seis exdiputados del extinto Partido Patriota
El papel de Víctor Cruz en «Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo«
En noviembre de 2019, el juez Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo Penal, anuló varias de las pruebas recabadas por la FECI, incluidas declaraciones anticipadas clave que documentaban la entrega de sobornos.
Juan Francisco Sandoval denunció en su momento que esa resolución vulneraba la seguridad jurídica y destruía un caso sólido. También señaló que el juez Cruz actuó de manera parcial y con intereses personales en el proceso. Incluso se solicitó su separación del caso, sin éxito.
En ese sentido, de todos los personajes antes mencionados, solo una persona fue ligada a proceso, cuyo nombre permanece en reserva. Otros como Galdámez se encuentran libres y sin causas penales. Según el MP, seis de los antejuicios ya quedaron sin materia debido a que los exdiputados dejaron de ostentar cargos públicos. En el caso de Boris España, la Corte Suprema de Justicia rechazó el antejuicio.
El retroceso bajo la gestión de Consuelo Porras
La situación del caso dio un giro drástico en junio de 2021. La Corte de Constitucionalidad (CC), en una resolución que benefició a los implicados, anuló la incorporación de pruebas clave, entre ellas declaraciones anticipadas que describían cómo se ejecutaban los pagos ilícitos a los diputados. Estas pruebas habían sido obtenidas por la FECI como parte del sustento de la acusación.
El exjefe de la FECI, en ese momento, calificó la decisión como un duro golpe para la investigación y para la seguridad jurídica, ya que se trataba de pruebas que habían sido recabadas legalmente y que ya estaban incorporadas en el proceso. Pese a ello, aseguró que buscarían nuevas vías para que los testigos declaren nuevamente.
Desde entonces, «Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo» permanece paralizado, sin avances visibles. La actual administración del Ministerio Público, bajo el mando de Consuelo Porras, no ha dado señales de reactivar la investigación ni de continuar con el impulso procesal. Al contrario, el desmantelamiento progresivo de la FECI y la persecución contra fiscales que lideraban casos emblemáticos ha contribuido al congelamiento de expedientes clave como este, que apuntan directamente a las estructuras de corrupción de alto nivel que operaron dentro del Estado.
Impunidad vigente
A cinco años de su presentación, el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo sigue sin alcanzar justicia. Ni los sobornos documentados, ni la cooptación del Congreso, ni los pagos realizados desde una empresa privada a cambio de legislación favorable han tenido consecuencias legales. Mientras los implicados permanecen prófugos o libres, el Ministerio Público guarda silencio.
Este caso, como muchos otros presentados por la CICIG y la antigua FECI, se encuentra en el limbo judicial, víctima de una institucionalidad debilitada y de una Fiscalía cooptada que ha dejado de lado su función constitucional para proteger a quienes deben ser investigados.