Miguel Martínez, operador íntimo del expresidente Alejandro Giammattei y símbolo del poder corrupto del régimen anterior, sigue intocable en Guatemala. Mientras en Estados Unidos fue incluido por el Departamento del Tesoro en la lista negra financiera global por corrupción, en el país que saqueó y manipuló a su antojo, no enfrenta ni una sola investigación. Y eso, más que negligencia, es una declaración de lealtad por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras.
Desde hace más de 475 días, según el conteo oficial del vespertino La Hora, el MP guarda un silencio cómplice. Ni una citación, ni un requerimiento, ni una investigación de oficio. Martínez, quien controló ministerios, presupuestos y nombramientos desde el oscuro y ahora extinto Centro de Gobierno, opera bajo una impunidad blindada. Es evidente que Porras y su fiscalía no tienen intención alguna de actuar en su contra, a pesar de los múltiples señalamientos públicos y las sanciones internacionales.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el exfuncionario pelea por limpiar su nombre. Desde diciembre de 2023, presentó una demanda contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alegando «persecución política» y daño económico. Su abogado, Alexei Schacht, insiste en que no hay pruebas en su contra, y utiliza como argumento que en Guatemala —gobernada ahora por un presidente que supuestamente es su adversario— no existe ninguna acusación. Un cinismo brutal: se ampara en la inacción del MP como prueba de inocencia.
La estrategia legal de Miguel Martínez
La estrategia legal de Martínez recurre incluso a una entrevista de La Hora con la exministra de Salud Amelia Flores, quien minimiza su participación en la negociación de las vacunas Sputnik. También se presentan declaraciones de funcionarios cercanos a Giammattei como si fueran pruebas de exoneración. Y todo esto, mientras la fiscalía de Porras sigue cruzada de brazos.
El Ministerio Público ha sido instrumentalizado para proteger a los operadores del régimen de Giammattei. Martínez, sancionado por la OFAC bajo la orden ejecutiva contra la corrupción internacional, sigue libre, sin cargos, sin investigaciones, sin consecuencias. Su caso evidencia que en Guatemala la justicia no solo está secuestrada, sino que ha sido pervertida hasta convertirse en escudo para los corruptos de élite.
Consuelo Porras continúa ignorando las señales internacionales y la indignación ciudadana. El mensaje es claro: si formas parte del círculo de poder, estás por encima de la ley. Mientras la justicia estadounidense sanciona, en Guatemala se absuelve con silencio. Y eso no es simple omisión: es complicidad.