El más reciente informe de la Estrategia Internacional de Control de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.) no deja lugar a dudas: Jimmy Morales y Consuelo Porras son responsables de socavar la lucha contra la corrupción en Guatemala. Las pruebas son claras, y la denuncia es contundente: ambos actores fueron piezas claves en el debilitamiento de los esfuerzos contra la impunidad en el país.
Una de las decisiones más destructivas de Morales fue la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, un movimiento que, más que una medida política, fue una jugada desesperada para proteger a los corruptos.
La CICIG había sido fundamental en la desarticulación de redes de corrupción que permeaban el gobierno, exponiendo prácticas de lavado de dinero, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. Su salida dejó un vacío de justicia y permitió que los responsables siguieran actuando con total impunidad.
El informe de EE.UU. lo resalta como uno de los momentos más oscuros en la historia reciente del país, ya que la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, habían destapado casos de corrupción de altísimo nivel, tocando incluso a la cúpula del poder político guatemalteco. Con su expulsión, Morales cerró la puerta a la justicia internacional y allanó el camino para que los corruptos continuaran operando libremente.
El rol de Consuelo Porras: obstaculización desde el Ministerio Público
Si bien la expulsión de la CICIG fue un golpe bajo, la actitud de Consuelo Porras y su gestión al frente del Ministerio Público fue igualmente devastadora. Según el informe, bajo su dirección, el MP no solo se mostró indiferente ante las investigaciones de corrupción, sino que activamente bloqueó y archivó casos cruciales que podían haber implicado a poderosos actores del país. La obstaculización del MP bajo el mandato de Porras fue tal que, en 2021, EE.UU. suspendió la cooperación con la institución, señalando la falta de confianza en su capacidad para impartir justicia de manera imparcial.
Porras no solo permitió que los corruptos quedaran impunes, sino que favoreció a quienes se beneficiaban del sistema podrido. Su obstinación en frenar investigaciones clave contribuyó al fortalecimiento de una estructura corrupta que solo busca perpetuar el statu quo. El informe de EE.UU. incluso incluye su nombre en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, impidiéndole la entrada a Estados Unidos, lo que evidencia la gravedad de su involucramiento.
La resistencia de la sociedad y el legado de la CICIG
A pesar de los esfuerzos de Morales y Porras por destruir lo que quedaba de la lucha contra la corrupción, la sociedad guatemalteca nunca se rindió. Miles de ciudadanos salieron a las calles en apoyo a la CICIG, exigiendo justicia y un fin a la impunidad. Esta movilización social fue crucial, pues demostró que el pueblo de Guatemala no aceptaría que sus líderes usurparan el poder para proteger a los corruptos.
El trabajo de la CICIG y la FECI fue un faro de esperanza en un país donde la corrupción es endémica, y aunque su expulsión marcó un retroceso en la lucha por la transparencia, la resistencia popular sigue siendo un factor clave para mantener viva la esperanza de una Guatemala libre de corrupción.
Un futuro incierto y la necesidad de reformas
El informe del Departamento de Estado también señala que, aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha mostrado avances en el combate al narcotráfico, la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para el progreso del país. Las estructuras del Estado guatemalteco siguen siendo vulnerables a la manipulación de los poderosos, y las reformas en el sistema judicial y el MP son más necesarias que nunca.
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, tiene una responsabilidad clara: presionar para que los responsables de la corrupción sean llevados ante la justicia. Mientras tanto, la sociedad guatemalteca debe seguir exigiendo que los corruptos de ayer y hoy sean juzgados por sus crímenes, y que la lucha por la justicia continúe, sin descanso, hasta que se logre un país más transparente y justo.