El llamado a la expulsión de la fiscal general, Consuelo Porras, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) marca un punto crucial en la crisis de justicia que enfrenta el país centroamericano. La solicitud, realizada por la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, pone de manifiesto las acusaciones graves contra Porras: socavar la democracia, violar derechos humanos y perpetrar una sistemática persecución política.
Desde que asumió el cargo en 2018, Porras ha sido una figura polémica en la política guatemalteca. Su elección, impulsada por el expresidente Jimmy Morales y reelegida bajo el mandato de Alejandro Giammattei, ha sido marcada por controversias y acusaciones de corrupción y obstrucción. Su gestión ha sido objeto de sanciones internacionales y ha recibido un rechazo global que se materializa en las restricciones impuestas por 42 países, incluidas sanciones de EE.UU. en 2021 por su obstrucción a investigaciones anticorrupción.
El caso reciente de la solicitud de expulsión subraya cómo la gestión de Porras ha afectado gravemente el estado de derecho en Guatemala. Según el abogado argentino César Raúl Sivo, quien presentó la petición, Porras ha manipulado investigaciones, protegido a funcionarios corruptos y actuado de manera que ha deteriorado la lucha contra la corrupción y los derechos humanos en el país. La Asociación denuncia que Porras ha fracasado en su deber de combatir la corrupción, permitiendo la impunidad de figuras como la exmagistrada Blanca Stalling y el exministro Alejandro Sinibaldi.
Las acusaciones contra Consuelo Porras
Las acusaciones contra Porras incluyen la utilización del Ministerio Público para tomar represalias contra fiscales y jueces que investigaron casos de corrupción. Esto ha resultado en la detención arbitraria de exfiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos, además de la obstrucción de justicia en casos clave. La persecución política se ha extendido a opositores políticos y a la reciente detención de fiscales y jueces, evidenciando una estrategia sistemática para silenciar la disidencia y proteger a los aliados corruptos del gobierno.
La solicitud de la Asociación busca enviar un mensaje claro a nivel internacional: la comunidad global no tolerará las actuaciones que atentan contra los derechos humanos y el estado democrático. La expulsión de Porras de la AIAMP sería un paso significativo para reforzar las sanciones internacionales y demostrar que la comunidad internacional actúa con firmeza frente a la corrupción y la violación de derechos humanos.
El caso de Consuelo Porras es un reflejo sombrío de la lucha por la justicia en Guatemala. Mientras el país enfrenta un deterioro acelerado en su sistema judicial y una creciente impunidad, la presión internacional y el llamado a la expulsión de Porras destacan la urgencia de una reforma y una rendición de cuentas efectiva. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y exigir un cambio que respete los valores democráticos y proteja los derechos humanos en Guatemala.