Una lancha valorada en más de Q2 millones, una casa frente al mar en Taxisco con valor de US$1 millón, un helicóptero de lujo Bell 470 GX y un inmueble en Roatán, Honduras, son parte de los ostentosos regalos que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti recibieron mientras ostentaban el poder entre 2012 y 2015. Los obsequios fueron entregados por sus ministros más cercanos a través de recolectas de dinero en efectivo —una “cooperacha” organizada por altos funcionarios del Ejecutivo— con el propósito de agasajar cada cumpleaños presidencial.
El origen ilícito del dinero y el ocultamiento deliberado de estas transacciones destaparon una nueva dimensión de la corrupción del gobierno del Partido Patriota. Hoy, este caso emblemático se encuentra congelado, silenciado bajo la administración de Consuelo Porras en el Ministerio Público y desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.
Una red de regalos, poder y silencio
El caso «la cooperacha» fue revelado públicamente en 2016 por la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quienes describieron una lógica perversa en la que los altos funcionarios del Estado se convertían en benefactores del Presidente y la Vicepresidenta con bienes que superaban ampliamente sus ingresos y declaraciones patrimoniales.
Los exfuncionarios implicados —Ulises Anzueto, Manuel López Ambrosio, Mauricio López Bonilla, Alejandro Sinibaldi, Erick Archila y Juan de Dios Rodríguez— fueron señalados por asociación ilícita y lavado de dinero. A través de transferencias en efectivo, sin dejar rastro bancario, financiaron regalos para los mandatarios, que incluían vehículos blindados, bienes inmuebles de lujo y aeronaves. El objetivo: congraciarse con “el jefe y la jefa”.
Según la investigación, solo los regalos a Otto Pérez Molina sumaron más de Q33 millones. A Roxana Baldetti se le adjudicó una propiedad de lujo en Roatán por un valor no menor a US$500 mil. Estos obsequios, lejos de ser actos de aprecio personal, constituyeron parte del mecanismo de cooptación y corrupción que también dio origen a los casos La Línea, Cooptación del Estado y Redes.
La CICIG y la FECI: impulsores de la verdad
La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval, jugaron un papel clave para revelar esta trama. Fue gracias a la colaboración del exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, que se obtuvo información detallada de las operaciones ilícitas. En audiencias judiciales, Monzón relató cómo año tras año —desde finales de 2011 hasta 2014— se organizaban recolectas de dinero entre ministros y personas de confianza para obsequiar regalos de cumpleaños a Pérez Molina. “Ahora tiene que ser mejor que el año pasado”, le dijo Baldetti a Monzón, quien relató cómo incluso le sugirieron acudir a los “verdaderos amigos del presidente” para conseguir el dinero.
La investigación tuvo como sustento documentos, cotizaciones, transferencias ilegales y declaraciones juradas que demostraban la inconsistencia entre los ingresos oficiales y el lujo adquirido.
¿Dónde quedó la justicia?
Desde la salida de la CICIG en 2019 y la destitución de Juan Francisco Sandoval en julio de 2021, el caso “la cooperacha” —como muchos otros— ha desaparecido del radar judicial. Lo último que se supo fue en julio de 2023, cuando Monzón volvió a declarar en anticipo de prueba como colaborador eficaz. Habló de bodegas llenas de dinero, de cómo se usaron millones de quetzales del Estado para satisfacer caprichos personales, y detalló nuevamente cómo Baldetti le instruyó organizar la colecta para comprar una lancha “similar a la de Sinibaldi”.
Desde entonces, silencio. La audiencia de etapa intermedia se ha postergado una y otra vez, no se han dictado nuevas órdenes de captura, y los principales señalados —como Sinibaldi y Archila— siguen sin ser extraditados ni procesados plenamente. La actual fiscal general, Consuelo Porras, ha sido denunciada por obstrucción de la justicia y ha protegido a funcionarios implicados, según diversos informes nacionales e internacionales. El Ministerio Público bajo su mando ha priorizado la persecución de jueces y fiscales que en su momento impulsaron estos casos, mientras los verdaderos responsables gozan de libertad o dilatan sus procesos con amparos y recursos legales.
Sindicados y montos
“La cooperacha” representa más que un caso anecdótico de corrupción: es la evidencia del uso del aparato estatal para enriquecimiento ilícito y del círculo de complicidades que permitió la captura del Estado. Su congelamiento simboliza también cómo el sistema de justicia ha sido desmantelado por quienes temen enfrentarlo. La ausencia de avances concretos desde 2023 revela que, bajo la actual administración del MP, casos que antes mostraban avances contundentes, hoy yacen en el olvido.
Mientras Otto Pérez y Baldetti cumplen condenas por otros procesos, esta red de regalos millonarios sigue sin tener resolución judicial. En tanto, Juan Carlos Monzón —pieza clave del caso— continúa bajo medidas de seguridad por su colaboración, mientras el país observa cómo los procesos se diluyen entre tecnicismos legales y desinterés institucional.
En 2025, la pregunta no es si hubo delito, sino por qué ya nadie lo está investigando. La respuesta está en la captura de la justicia.
Lista de sindicados y montos aportados según el MP y la CICIG:
- Otto Pérez Molina: Asociación ilícita y lavado de dinero
- Roxana Baldetti: Asociación ilícita y lavado de dinero
- Alejandro Sinibaldi: Q2.5 millones y US$245 mil
- Erick Archila: Q2.2 millones y US$100 mil
- Manuel López Ambrosio: Q4.2 millones
- Ulises Anzueto: Q250 mil
- Mauricio López Bonilla: Q2.5 millones y US$98 mil
- Juan de Dios Rodríguez: Q4.4 millones
En una Guatemala donde la justicia parece tener precio, el caso “la cooperacha” es un recordatorio de lo que alguna vez fue posible con una fiscalía independiente y un sistema internacional de apoyo. Hoy, la impunidad vuelve a ser la regla.